En la petición, que analiza la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, los priistas afirmaron que el pasado 20 de julio el Ejecutivo publicó un decreto para otorgar beneficios en materia de salud, educación y manutención a las víctimas y a sus familias.
Indicaron que “se trata de un fin noble por el cual el gobierno finalmente asume lo que durante un año se negó a reconocer: la responsabilidad del IMSS y del gobierno federal en la tragedia que costó la vida de 49 niños”.
Sin embargo, "nos preocupa que se tenga que expedir un decreto, porque significa que los canales institucionales que por ley debieron operar para que todas esa acciones se llevaran a cabo, fallaron".
En ese sentido, los legisladores sostuvieron que "ni se brindó la asistencia médica integral, ni se indemnizó a los familiares, ni se buscó resarcir el daño causado y menos aún cumplir con la exigencia de castigo a los responsables".
El Grupo Parlamentario del PRI argumentó además que si "el gobierno federal se ha visto orillado a expedir un decreto específico para un caso de negligencia, todo ciudadano afectado por casos semejantes de omisión estarán en su derecho de reclamar lo mismo".
Por ello, los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) destacaron que "si se va a legislar por decreto, ello significa sencillamente que las instituciones no están funcionando; esa es la lección que nos deja el caso ABC y su epílogo".
“Karam debe hablar de la oportunidad del decreto, los mecanismos que se usarán para darle viabilidad y responder si ese criterio se va adoptar en todos los casos de negligencia por parte de autoridades federales", demandaron.