En el marco de la Primera Sesión Ordinaria 2011 de la Conferencia de Procuradores de Justicia de la zona Centro, señaló que se sancionan los ilícitos perpetrados, ya que éstos atentan y flagelan la seguridad de la sociedad.
Cabe destacar que la Ley de Extinción de Dominio del Distrito Federal fue publicada en la Gaceta Oficial el 8 de diciembre de 2008. Actualmente, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) cuenta con una Fiscalía Especializada en el Procedimiento en Extinción de Dominio, adscrita a la Subprocuraduría de Procesos.
Hasta el momento, las demandas de extinción de dominio presentadas por la autoridad capitalina suman 60. Detalló que 34 corresponden a robo de vehículo, 13 por trata de personas, 10 por secuestro y tres por delincuencia organizada.
Ante sus homólogos de los estados de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo, Mancera informó que se han obtenido 21 sentencias favorables y cuatro en contra.
“Además –explicó- se presentaron ya 18 apelaciones. En resoluciones de segunda instancia, 16 se encuentran confirmadas y sólo dos han sido revocadas”.
Comentó que en la materia han sido solicitados ya 13 amparos directos en salas y juzgados del Tribunal Superior de Justicia local, de los cuales sólo dos han sido concedidos, tres más fueron negados, tres para efecto, una demanda rechazadas y cuatro más se encuentran en trámite.
“Actualmente la acción de extinción de dominio se aplica en tipos penales como secuestro, robo de vehículos, delincuencia organizada, trata de personas y próximamente en delitos contra la salud”, sostuvo.
Reiteró que la acción de extinción de dominio continuará como herramienta jurídica para afectar el patrimonio y el derecho de propiedad de bienes muebles e inmuebles que hayan sido objeto, instrumento o producto para la comisión de los delitos de robo de vehículos, secuestro, trata de personas y delincuencia organizada.
Agregó que esa acción es figura de carácter civil que se suma al decomiso, al aseguramiento de bienes, así como a la enajenación y destrucción de los mismos, como parte de los instrumentos que buscan la afectación de la estructura económica de las organizaciones delictivas, a efecto de debilitar y dificultar su operación.
