Esto provocó la protesta de varios padres de niños muertos en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que colaboraron en la elaboración de dicha iniciativa, y que estaban presentes en la sesión.
Aseguraron que la suspensión de la sesión es una falta de respeto a los niños muertos en esa tragedia, y que seguramente no se hubiera cancelado si los senadores estuvieran aprobando un aumento en las dietas que perciben.
Acompañados del senador Javier Castellón, advirtieron que su exigencia de justicia sigue vigente, aunque hasta el momento solamente han recibido tácticas dilatorias del gobierno federal, que no responden a sus demandas.
El senador Castellón afirmó que la iniciativa crea la Ley General de Servicios de Cuidado, Aprendizaje y Desarrollo Integral Infantil, luego de que el incendio demostró la nula vigilancia y supervisión que hay en los centros de cuidado infantil.
Es urgente “una transformación profunda de las condiciones en que se prestan los servicios de cuidado infantil en el país”, para que hechos como el incendio de la Guardería ABC, no se repitan, advirtió el legislador del PRD.
La iniciativa cuenta con el aval de las bancadas del PRD, PT y Convergencia, y de algunos senadores del PRI y el PAN, y establecer un marco legal que salvaguardar la protección de los derechos de niñas y niños, y garantizar su desarrollo integral.
Así, se establece que estos servicios que brinden dependencias federales, estatales, de esta capital o municipales, por sí mismas o a través de centros del sector social o privado, deben garantizar que los menores estén en un entorno seguro, libre de violencia.
También se plantean sanciones para los servidores públicos que violen los preceptos establecidos o “a consecuencia de sus actos u omisiones culposas” se cause la muerte o lesión física o psicológica, de uno o varios niños.
Las sanciones también serán para los propietarios, responsables y personal de los centros o unidades del sector social o privado que incurran en alguna violación a la integridad de los infantes.
Además, los padres de esos niños “tendrán derecho a la indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos médicos o psicoterapéuticos que sean necesarios”.