El presidente de dicha comisión, el legislador panista José Luis Ovando manifestó que el secuestro impacta a todas las clases sociales del país, siendo la de los comerciantes la más afectada, con 28 por ciento de los casos.
"Los estudiantes son víctimas también del secuestro, con 21 por ciento; los empleados con 16 por ciento y los empresarios con 14 por ciento", precisó.
Por ello, dijo que “es necesario generar confianza entre la ciudadanía para que se denuncie, porque es un delito que duele a la sociedad y en las leyes hay un vacío que los legisladores deben solventar”.
Destacó que este dictamen, “es producto de la sociedad que se organizó y exigió a las autoridades un mayor esfuerzo, a lo cual se fueron agregando los esfuerzos de instituciones académicas, senadores y otros sectores de la sociedad”.
Al respecto, la presidenta de la Comisión Especial contra la Trata de Personas, Rosi Orozco celebró que en la minuta se haya incluido la trata de personas, “porque mucha gente que no tiene dinero para pagar, lo hace con su propio cuerpo, muriendo en vida”.
En tanto, la presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace consideró que la aprobación del dictamen es un "parteaguas" en la justicia mexicana.
Lo anterior, al afirmar que ahora las víctimas “podrán presentar pruebas directamente ante el juez y el delito será perseguido de oficio”.
“El mensaje que se manda es claro, a aquel que se secuestre se enfrentará a una norma dura. Es un parteaguas porque por primera vez las víctimas vamos a poder acudir al juez para presentar pruebas.
“Antes no se podía, sólo el Ministerio Público entregaba lo que quería, ahora la víctima puede ir directamente ante el juez", señaló la activista contra el secuestro.