Lo anterior será posible gracias a la entrada en vigor del “Acuerdo de Intercambio de Información para Evitar el Uso de Teléfonos Celulares Robados”, promovido por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del DF, y firmado en marzo pasado por las dos compañías mencionadas.
La anulación del teléfono móvil se realizará de manera remota mediante la cancelación de la clave IMEI (International Mobile Equipment Identity por sus siglas en inglés) con la que cuenta cada equipo, y de esta manera ya no podrá ser activado.
Originalmente, la fase operativa de esta estrategia, que incluyó también la creación de una base de datos conjunta, entraría en vigor desde el 1 de mayo, sin embargo, esto no ocurrió debido a los aspectos técnicos que tuvieron que subsanar las compañías.
Luis Wertman Zaslav, presidente del Consejo Ciudadano, rechazó que haya existido un “retraso” en el arranque del programa, pues aseguró que tras los acuerdos alcanzados en marzo, vino una parte de acoplamiento técnico que se prolongó en solventarse.
“Aunque ambas compañías manejan la misma tecnología GSM, no tienen el mismo equipo y cada una tiene sus procedimientos; en mayo fue cuando los departamentos técnicos comenzaron a trabajar en homologarse y hacer que ambas compañías pudieran comunicarse”, explicó.
En este lapso se realizaron pruebas piloto para anular los aparatos en distintas partes del país, pues al tratarse de un programa a nivel nacional, conlleva varias complejidades.
No obstante, confirmó, ya se encuentra todo listo para que a partir del primer día de septiembre ambas compañías den inicio a la anulación, y adelantó además que la empresa Iusacell podría sumarse una vez que adopte la tecnología GSM.
Wertman Zaslav recordó que actualmente hay cerca de 85 millones de teléfonos celulares en México, 90 por ciento de ellos distribuidos por las compañías Telcel y Movistar.
Estas cifras, apuntó, dan dimensión a los alcances que tendrá el programa de anulación de claves IMEI, el cual representará un golpe definitivo al “mercado negro” de celulares robados, y al delito de extorsión telefónica.
“En un periodo no mayor a seis meses esperamos que el problema (de comercialización de teléfonos celulares robado) prácticamente esté resuelto; será importante la participación activa de la ciudadanía para que esto se consiga”, detalló.
Para lograr la anulación de un teléfono celular, el propietario deberá primero comunicarse con el centro de atención a cliente de la compañía proveedora del servicio, e indicar que su aparato ha sido robado o se extravió.
Posteriormente, la empresa procederá a la anulación vía remota de la clave IMEI del teléfono en cuestión, con lo cual no podrá volverse a enrutar a ninguna línea, pese a que se le inserten distintos chips o tarjetas SIM al original.
Se prevé que en la última semana de agosto el Consejo Ciudadano en coordinación con Telcel y MoviStar, realicen un evento para oficializar el arranque de este estrategia a nivel nacional.