De los 532 casos de personas víctimas de desaparición forzada durante la década de los 70 y principios de los 80 del siglo pasado, que dieron origen a la Recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, persisten 518 casos que la Procuraduría General de la República aún tiene pendientes de concluir y resolver conforme a derecho.
La PGR asumió los trabajos de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales o Políticos del Pasado, y debe resolver las averiguaciones previas radicadas allí con motivo de las denuncias formuladas por probables delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas víctimas de desapariciones forzadas en los años de la llamada “guerra sucia”.
Asimismo, perseguir los delitos ante los tribunales competentes por casos específicos; concluir las investigaciones de 518 casos que le restan de los 532 que se incluyeron en la Recomendación 26/2001 y resolver lo que en derecho proceda; resolver los casos pendientes de determinar en definitiva, así como los que le fueron turnados después de emitida dicha Recomendación y lograr que se dicte sentencia condenatoria en contra del procesado por el caso de la causa penal 179/2006 que se lleva en el Juzgado 9° de Distrito en el estado de Sinaloa.
La Recomendación 26/2001 fue dirigida y entregada en su momento al titular del Poder Ejecutivo Federal, y en el seguimiento de la misma la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que diversas autoridades federales –la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación, el Archivo General de la Nación y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional— no han cumplido aún con diversos puntos recomendatorios que se formularon desde el 27 de noviembre de 2001.
A la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se le solicita diseñar los mecanismos jurídico – administrativos para la reparación integral del daño y realizar, o en su caso actualizar, el padrón de los 275 casos de beneficiarios hasta ahora registrados, así como elaborar el diagnóstico de la situación económica de las víctimas u ofendidos y en su caso de posibles beneficiarios; elaborar la propuesta sobre el monto a reparar, que incluye la elaboración en definitiva del acuerdo que establecerá la forma, procedimientos y términos para efectuar la reparación administrativa, así como el proyecto sobre la reparación moral, la conservación y digitalización de los archivos existentes, el proyecto de reconocimiento público de los hechos por parte del Estado y la realización de estudios para preservar la memoria histórica.
Se pide al Archivo General de la Nación que cuente con los acervos digitalizados relacionados con documentación vinculada con movimientos sociales y políticos del pasado, y que las tarjetas estén asociadas y con descripción para cruzar información, en tanto que al CISEN se le solicita la digitalización de fichas que realiza desde hace dos años y su entrega al Archivo General de la Nación.