Así lo planteó la diputada Margarita Martínez Fisher, a nombre de la bancada del PAN, durante la comparecencia de Felipe de Jesús Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, como parte del Tercer Informe del jefe de gobierno ante el Pleno de la ALDF.
Desde Tribuna, reprobó aquellos “acuerdos fácticos” que violan activamente la ley y opera como un modelo estableciendo que va desde la colusión y sirve, “para generar beneficios privados a costa de perjuicios públicos”.
Desde el punto de vista del PAN, sostuvo Martínez Fisher, es responsabilidad del gobierno local, que durante18 años, “ha sido incapaz de planear con visión de largo plazo y gestionar un desarrollo urbano que de certeza jurídica en los actores y opere con criterios de justicia espacial”.
En este sentido, reprochó “de qué nos sirve pensar en desarrollo urbano, sin considerar su impacto en la forma en la que viven las personas y dónde viven. Subrayó que actualmente hay un déficit de atención de por lo menos 55 mil acciones de vivienda nueva para los sectores más desfavorecidos de la capital.
“El DF vive situaciones de urgente atención, no crece económicamente, no genera empleos suficientes, no permite que las personas se sientan seguras, no genera oportunidades sociales y estamos en una ciudad sobreexplotada por un creciente proceso de descomposición del desarrollo urbano, el desarrollo es caótico, no respeta la propiedad privada, el uso, la calidad de vida de las personas, ni las áreas verdes, cada año se pierden 200 hectáreas de uso de conservación”, lamentó la legisladora desde el Pleno del órgano legislativo.
La diputada del PAN cuestionó al funcionario local sobre los criterios considerados para facilitar el uso de suelo a proyectos “inviables” como del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Chapultepec y del Corredor Cultural Chapultepec, este último, que consta de 20 mil metros cuadrados de comercios.
Además, solicitó una explicación de pago y/o obras ejecutadas en presuntas donaciones de terreno para nuevos desarrollos, mismas que para este año, han generado ingresos por 9 mil millones de pesos por vía de inversión. Expresó también su preocupación por la manera en que SEDUVI adapta el uso de suelo para proyectos privados en vías públicas y del patrimonio del DF.
Tras dicha postura y con objeto de alcanzar lo que llamó “una ciudad ordenada y segura”, la diputada del GPPAN fijó ante el funcionario local, 3 puntos:
1.- Considere la más amplia participación social en la construcción del hábitat.
2.- Establecer mecanismos para una gestión sostenible del agua y uso de energías renovables.
3.- Ejecutar criterios y políticas de presupuesto para una gobernabilidad sostenible.
