Decenas de manifestantes bloquean el acceso a la sede de la Cámara alta del Congreso de la Unión, donde este martes debe comenzar la discusión de la Ley de Seguridad Interna, aprobada antes por la Cámara de Diputados.
Esa legislación daría marco jurídico a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, en particular el combate al crimen organizado.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, instó al Senado mexicano a no aprobar la ley, según un comunicado divulgado en Ginebra y que repercutió aquí.
Al Hussein afirma en su pronunciamiento que, pese a la intervención de los militares 'la violencia no disminuye en México y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando violaciones y vulneraciones de derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas'.
No a la militarización, se lee en los carteles que portan los manifestantes en las afueras del Senado.
Un helicóptero de la Policía Federal sobrevuela constantemente el área a la misma hora en que están convocados diversos embajadores, cuyos países serán reconocidos en el Congreso por su ayuda a México tras los sismos de septiembre.
Mientras tanto, tres columnas de campesinos marchan desde diversos puntos hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, cuyos accesos intentan bloquear.
Los marchantes reclaman al gobierno el pago por sus tierras que serán utilizadas para el nuevo aeropuerto de esta capital, una megaobra en construcción.