En cumplimiento con la instrucción del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, la Contraloría reforzó a partir del pasado lunes su estrategia de prevención con 10 acciones aplicadas a través de las contralorías internas, a fin de detectar posibles irregularidades administrativas, en particular en recursos humanos y en bienes.
Pese a ello, indicó en un comunicado, hasta ahora no existe denuncia alguna presentada por los jefes delegacionales entrantes.
La Dirección General de Contralorías Internas en delegaciones envió oficio a las 16 demarcaciones para efectos de que hagan valer las obligaciones que deriven de los ordenamientos legales.
El artículo 10 de la “Ley de Entrega-Recepción de los recursos de la Administración Pública del Distrito Federal” obliga al servidor público entrante que al percatarse de irregularidades notifique al Órgano de Control Interno, dentro de un término de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de entrega-recepción de la oficina.
En ese sentido, una vez transcurrido ese lapso y no se hayan solventado o desahogado las observaciones, la Contraloría Interna iniciará investigaciones para obtener elementos y aplicar los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, a fin de determinar las responsabilidades correspondientes.
El Gobierno del Distrito Federal expuso en su página electrónica que la Contraloría General capitalina ratifica su disposición para recibir las denuncias, quejas y observaciones que sean presentadas por las y los jefes delegacionales o por quienes se designen para esos efectos.
Aclaró que las denuncias radicadas ante esta dependencia conllevan etapas procesales como la radicación de los expedientes de investigación, notificación de inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario, desahogo de la audiencia de ley (ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas alegatos) y emisión de la resolución.
Refirió que en cumplimiento de las atribuciones, se ejecutan las sanciones correspondientes contra los servidores públicos que han incurrido en actos administrativos ilícitos, así como la continuación de la integración de los expedientes que impliquen fincar responsabilidades administrativas.
Agregó que con estas acciones, el gobierno local y la Contraloría General del Distrito Federal refrendan su compromiso de respetar el Estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas, garantizando con ello la legalidad, la gobernabilidad y la estabilidad democrática.
