El informe revela que únicamente 368,000 millones del total de 14.6 billones de dólares gastados por estos países en medidas de recuperación a corto y largo plazo favorece, por ejemplo, la disminución de las emisiones de gases invernadero.
Titulado "¿Estamos reconstruyendo mejor? Evidencias de 2020 y caminos hacia un gasto inclusivo de recuperación verde", el documento analiza 3,500 políticas públicas.
"La humanidad se enfrenta a una pandemia, una crisis económica y un colapso ecológico, no nos podemos permitir perder en ninguno de estos frentes", afirmó en un comunicado la directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, para quien el informe brinda a los Estados "herramientas para navegar hacia recuperaciones más sostenibles e inclusivas".
Para hacer frente a la crisis causada por la pandemia -que generó una reducción del producto interior bruto (PIB) global del 3.5 % en 2020, según el Fondo Monetario Internacional, así como la pérdida de cientos de millones de empleos-, los gobiernos han tenido que destinar parte de su gasto fiscal a medidas de "rescate" inmediato.
En este sentido, el informe advierte de que "un enfoque unidimensional en la recuperación económica a corto plazo corre el riesgo de exacerbar aún más las crisis sociales y ambientales a la larga".
Sin embargo, el autor del informe e investigador de la Universidad de Oxford (Reino Unido), Brian O'Callaghan, aseguró que "aún quedan oportunidades de gastar de manera sabia en la recuperación".
"Los gobiernos pueden aprovechar este momento para asegurar la prosperidad económica, social y ambiental a largo plazo", señaló O'Callaghan.
El Observatorio de la Recuperación Global, de la Universidad de Oxford, subraya también en el informe la desigualdad entre los países emergentes y los países desarrollados a la hora de impulsar políticas de recuperación frente a la pandemia.
Según los datos de la investigación, los Estados con "economías avanzadas" gastaron una cantidad 17 veces mayor por habitante que las naciones con mercados emergentes.
El desarrollo de políticas públicas de recuperación "verdes" puede tener consecuencias favorables para la salud, la seguridad alimentaria o incluso el empleo, apunta el estudio.
Y podría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta un 25 % para 2030, cerca de la bajada de un tercio necesaria para limitar la temperatura del planeta dos grados centígrados por encima de la época preindustrial, el objetivo que marca el Acuerdo de París (2015).
Si bien hasta ahora "el gasto ecológico no ha sido proporcional a la magnitud de la crisis ambiental", el informe también destaca medidas positivas, como la ampliación del transporte público, que concentró un 30 % de la inversión total en esa área, o el gasto en "capital natural", del cual hasta un 35 % se destinó a parques públicos y espacios verdes.
