El Gobierno francés confirmó que revisará el mecanismo de aplicación del denominado "impuesto sobre el carbono", medida estrella contra el cambio climático del presidente Nicolas Sarkozy, que iba a aplicarse desde el 1 de enero y que ha sido rechazado por el Consejo Constitucional.
A dos días de su entrada en vigor la alta instancia emitió su censura contra el impuesto aprobado por el Gobierno francés por considerar que impone una desigualdad en el tratamiento entre particulares y empresas, para las que se preveían exenciones en su aplicación.
El portavoz del Ejecutivo, Luc Chatel, reconoció hoy que "el Gobierno toma nota de la decisión del Consejo Constitucional de invalidar el mecanismo del impuesto sobre el (dióxido de) carbono pero Francia tiene que seguir al frente del combate a favor del medio ambiente".
El primer ministro, François Fillon, ya adelantó el martes, después del conocerse el fallo del Consejo Constitucional, que presentará otro texto sobre ese impuesto el próximo 20 de enero, lo que retrasará varios meses la entrada en vigor de la nueva tasa.
"Una inmensa bofetada" para el presidente Sarkozy, aseguró hoy el diario económico "Les Echos" acerca de la decisión del Constitucional, una expresión que también empleó el vespertino "Le Monde" quien consideró hoy que el fallo es "un golpe político duro" para el presidente.
"Después del revés internacional en Copenhague (donde se celebró la última conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y no se fijaron objetivos concretos de reducción de emisiones contaminantes), Nicolas Sarkozy ve esta vez rechazada su estrategia nacional", agregó el diario.
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, presentó en septiembre las modalidades de esa una nueva pero insistió en que sería compensada con otras rebajas fiscales ante la reticencia de la opinión pública.
"Hay que reforzar la fiscalidad que grava las actividades contaminantes y reducir la que pesa sobre el trabajo", dijo Sarkozy en un discurso para tranquilizar a los franceses, que en las encuestas dijeron estar mayoritariamente opuestos a la tasa.
Ese nuevo gravamen, aplicable a particulares y empresas consumidores de combustibles fósiles, se había calculado en 17 euros por tonelada de CO2 (dióxido de carbono), lo que significaba, por ejemplo, un encarecimiento de 4 céntimos de euro por litro de gasóleo, de 4.5 céntimos para la gasolina o una subida media del 8 por ciento en la factura de calefacción de fuel.
Hoy el Gobierno francés reconoció que esas subidas de precios no se aplicarán desde el 1 de enero de 2010.
Al presentar el pasado 30 de septiembre pasado las cuentas del Estado para el año próximo, el Gobierno francés precisó que el nuevo impuesto generaría unos ingresos de 2 mil millones de euros y ahora este retraso en el cobro de la tasa pone en dificultades cumplir con los objetivos presupuestados.
En 2010 el Estado francés prevé que el déficit público, que se disparó hasta el 8.2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) este año, siga subiendo hasta el 8.5 por ciento.
El rechazo del nuevo impuesto es además la segunda gran decepción que el Consejo Constitucional -al que recurrió la oposición socialista frente al proyecto del Gobierno de la conservadora UMP- depara al presidente Sarkozy, después de echar abajo la nueva y polémica norma sobre la penalización de las descargas ilegales de contenidos en internet.
La tasa ecológica deberá por lo tanto sufrir una corrección -como la aplicada en la Ley Hadopi de lucha contra la piratería en internet- para recibir el visto bueno de los "sabios" del Constitucional.
De momento, el presidente Sarkozy ha evitado pronunciarse directamente sobre la cuestión, aunque tiene la posibilidad de mencionar el tema durante el discurso que dirigirá a los franceses el 31 de diciembre, antes de acabar un año "especialmente difícil para el Jefe del Estado", como señaló hoy "Le Monde".
