El informe "Retroceso en salvaguardas sociales y ambientales en nombre de la Covid-19", publicado este jueves por Forest Peoples Programme, examina algunos de los proyectos de minería, energéticos o infraestructuras que estos países han desarrollado y que causan deforestación y abusos de derechos humanos de la población local.
"Los países han respondido a la pandemia de covid-19 reduciendo o quitando las protecciones legales de los derechos humanos", denuncia el informe, que revela que los gobiernos de estos cinco países han flexibilizado leyes medioambientales bajo el pretexto de "necesidad económica" y para "oportunismo explotativo".
"El comportamiento de los Gobiernos y los productores de materias primas en estos cinco países es directamente contradictorio con la creciente demanda en las naciones consumidoras de crear cadenas de suministro que estén libres de abusos de derechos humanos, deforestación y pérdida de biodiversidad," explicó en un comunicado la presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), Myrna Cunningham.
Así, estos Estados están priorizando la expansión del sector energético, de infraestructuras, el minero, la tala o la agricultura industrial cerca de territorios indígenas, a la vez que esta población cuando lucha por sus derechos, se enfrenta a persecuciones, arrestos o enjuiciamientos.
“Los pueblos indígenas están viendo cómo se les quitan sus derechos a la vez que las tierras que durante mucho tiempo han sido sus hogares también están siendo despojadas”, dijo uno de los investigadores del informe, James Silk, que es profesor de Derechos Humanos en la facultad de Derecho de la Universidad de Yale (EE.UU.).
LA AMAZONÍA DEFORESTADA
El informe recoge que entre marzo y mayo de 2020, el Gobierno brasileño aprobó 195 leyes "destinadas a desmantelar o eludir directa o indirectamente las leyes ambientales, proporcionando así impunidad para el acaparamiento ilegal de tierras en territorios indígenas".
Mientras la mayoría del mundo permanecía encerrado en sus casas por el riesgo de la covid-19, en 2020 la deforestación en la Amazonía brasileña alcanzó su nivel más altos de los últimos 12 años, según la ONG.
En Colombia, la deforestación de la Amazonía creció en más del 80 %, mientras la "plaga de asesinatos de líderes indígenas y defensores de los derechos humanos se ha intensificado durante los cierres de emergencia de covid-19".
Además, el Gobierno colombiano avanzó durante la pandemia sus planes para retomar la fumigación aérea de "herbicidas tóxicos" para combatir los cultivos ilícitos de coca, según recoge el informe.
PRIORIZAR LA MINERÍA
La ONG también denunció la poca atención que se dio a los pueblos indígenas durante la pandemia, y la prioridad que dieron los gobiernos a recuperar la actividad industrial y de minería antes de dar ayudas económicas a estos sectores de población.
"En mayo del 2020, el Gobierno (peruano) declaró que la economía volvería a abrir en cuatro fases, la silvicultura, la minería y el petróleo serían los primeros sectores a reiniciar, mientras que las multas ambientales serán aplazadas y los informes de seguimiento ambiental y social suspendidos", denunció Forest Peoples Programme.
La excusa de salvar la economía también le valió al Gobierno congoleño de Felix Tshisekedi para eludir las moratorias sobre la extracción de recursos en tierras indígenas y a Indonesia para aprobar una ley de creación de empleo el octubre pasado donde se excluía a los pueblos indígenas.
"El año pasado mostró una descarada falta de consulta de los pueblos indígenas en Indonesia sobre un proyecto de ley que transforma radicalmente las formas en que se gestionan los bosques tradicionales", aseveró Chris Ewell, investigador de la Facultad de Derecho de Yale, que contribuyó al informe.
Por ello, los investigadores recomiendan en el informe implementar una recuperación económica que respete a los pueblos indígenas y su derecho al desarrollo autodeterminado, y a las empresas multinacionales que operan en territorios indígenas que se aseguren que sus prácticas no vulneran derechos humanos o incentivan la deforestación.