A falta de cerrar los detalles, las bases y las metas han sido ya consensuadas en el seno de la gran coalición de conservadores y socialdemócratas, que se apresura así a dar respuesta al fallo del Tribunal Constitucional de la semana pasada que le instó a endurecer parte de la ley de Protección del Clima.
La propia canciller, Angela Merkel, aseguró en un congreso virtual del grupo parlamentario conservador que hará "todo lo posible" para alcanzar estos objetivos y agregó que para lograrlos será preciso "aprobar y aplicar más medidas".
Enmarcó además esta decisión en los esfuerzos colectivos, encabezados ahora por los Estados Unidos del presidente Joe Biden, para elevar la ambición a nivel global y que los países eleven sus planes de recorte de emisiones antes de la Cumbre del Clima (COP26) de finales de año en Glasgow (Reino Unido).
El portavoz del Ejecutivo, Steffen Seibert, avanzó en una rueda de prensa ordinaria que se ha fraguado ya un "acuerdo fundamental" en el gobierno, pero evitó entrar en detalles, puesto que las consultas siguen abiertas.
Previamente, los ministros de Finanzas y Medioambiente, los socialdemócratas Olaf Scholz y Svenja Schulze, habían avanzado en rueda de prensa la propuesta concreta de su partido para alcanzar estos objetivos, donde se hablaba además de un recorte del 88 % para 2040.
"Esto puede lograrse a la velocidad que queremos y deseamos", señaló Scholz, que es también vicecanciller en el Ejecutivo de Angela Merkel y candidato socialdemócrata a la Cancillería.
Schulze, que ya había considerado en su aprobación en 2019 que la ley no era lo suficientemente valiente, se comprometió a que la nueva ley sea "ambiciosa" y "sin embargo factible".
El objetivo, agregó Seibert, es que el Consejo de Ministros apruebe la semana que viene el correspondiente proyecto de ley y que el Legislativo -a poder ser con apoyos desde la oposición- lo respalde ante de que concluya la legislatura, porque el gobierno quiere dejar cerrado este asunto antes de las elecciones generales del 26 de septiembre.
Los Verdes han mostrado ya su disposición al diálogo, pero con condiciones. Su copresidente Robert Habeck exigió para 2030 un recorte de emisiones del 70 %, más renovables y acabar con los vehículos de combustibles fósiles y las centrales térmicas para ese año.
UN REPARTO EQUITATIVO
La sentencia de la semana pasada del Constitucional instaba al legislador a reformar la normativa para finales de 2022. Consideraba que el objetivo del 55 % para 2030 era insuficiente para alcanzar luego la neutralidad climática en 2050 y criticaba que no hubiese una hoja de ruta para el período 2031-2050.
La canciller Merkel aseguró a este respecto en un acto con jóvenes que el fallo le ha hecho ver que hay que "hacer más" por el clima y lograr un reparto más equitativo de las cargas que implicará el camino hacia la neutralidad climática.
Destacó asimismo que la sentencia obliga a "pensar también en las libertades de las próximas generaciones" y no solo en las de las actuales, un concepto novedoso que tiene "muchas consecuencias".
La decisión del Constitucional, respuesta a una denuncia de colectivos ecologistas, salía en defensa de las generaciones venideras argumentando que es inconstitucional aplicar medidas medioambientales "suaves" a la actual población de Alemania a costa de tener que imponer restricciones más severas a la futura.
"Prácticamente todas las libertades de esas generaciones, en casi todos los ámbitos de la vida humana, podrían quedar potencialmente afectados" por los necesarios recortes del futuro, explicó el Constitucional.
El Acuerdo de París de 2015 obliga a los firmantes a hacer todo lo posible para evitar que las temperaturas se eleven por encima de los 1.5 grados centígrados sobre los niveles preindustriales. Con este objetivo en mente, la UE fue pionera al acordar alcanzar la neutralidad climática para 2050.