Zara señaló en un comunicado que el objetivo del pacto es "implementar herramientas para que el sector empresarial y la sociedad brasileña avancen en la promoción de condiciones sociales y de trabajo dignas, garantizando el cumplimiento, tanto de la legislación brasileña como de las normas internacionales".
El pacto cuenta con el apoyo de 220 empresas que representan una facturación del 20 por ciento del producto interior bruto (PIB) de Brasil.
Con la adhesión, Zara asume diez compromisos en su gestión, entre ellos una revisión anual a cargo del Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la organización no gubernamental Reporter Brasil y el Instituto Observatorio Social.
La decisión "refuerza" la política de combate a cualquier forma de precariedad en las relaciones laborales, además de "reafirmar el empeño constante en la promoción de condiciones de trabajo adecuadas", afirmó en el comunicado Felix Poza, director de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Inditex, al cual pertenece Zara.
El Ministerio Público de Trabajo de Brasil abrió en agosto 52 actas de infracción a Zara al hallar evidencias de que la firma AHA, uno de sus proveedores en Brasil, compraba ropa elaborada en dos talleres donde los trabajadores, procedentes de Bolivia y Perú, eran sometidos a condiciones análogas a la esclavitud.
En septiembre, el director global de Asuntos Corporativos de Inditex, Jesús Echevarría, compareció a una audiencia pública en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil, en la que expresó la intención de la empresa en colaborar con las investigaciones y resolver la situación.
Echevarría y el responsable de Zara en Brasil, Enrique Huerta, estuvieron en septiembre en una audiencia similar en la Asamblea Legislativa de Sao Paulo.
El Ministerio Público notificó hoy a Zara para comparecer a otra audiencia el próximo 18 de noviembre con el propósito de firmar un Término de Ajuste de Conducta (TAC) para regularizar la cadena productiva de la marca, informó la estatal Agencia Brasil.
De acuerdo con la información, si la empresa se rehúsa a firmar el TAC, cuyas condiciones no fueron divulgadas, se instauraría una acción civil pública contra la firma "con pedidos de indemnización con valores mucho mayores a los propuestos en el acuerdo".