Durante un encuentro con alcaldes de todo el país en el estado de Sao Paulo, Temer recordó que las denuncias sobre la desviación de dinero de la empresa en beneficio de agrupaciones políticas aliadas del gobierno -entre ellas el oficialista Partido de los Trabajadores (PT)- también están siendo investigadas por la Justicia brasileña.
"La Constitución brasileña destaca el principio de autodeterminación de los pueblos. Si los Estados Unidos abrieron una investigación, debe seguir, así como está haciendo Brasil", expresó el político del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el principal socio del PT en la coalición que apoya el gobierno de la presidenta reelecta Dilma Rousseff.
Según afirmó este domingo "Financial Times" en su edición en Internet, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación penal sobre las denuncias contra Petrobras, que tiene papeles del tipo ADR (American Depositary Receipt) negociados en Nueva York.
"Las autoridades de Estados Unidos están investigando si Petrobras o sus funcionarios, intermediarios o prestadores de servicios violaron el Foreign Corrupt Practices Act (Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior), una ley anticorrupción que vuelve ilegal pagar sobornos a funcionarios extranjeros para conquistar o mantener negocios", dijo el informe.
Petrobras es la más importante empresa brasileña y, pese a que es controlada por el Estado, tiene acciones negociadas en Bolsa de Valores, tanto en Brasil como en Estados Unidos. La petrolera no contestó de inmediato un pedido de dpa para que comentara el tema.
Las investigaciones sobre la empresa se desarrollan en secreto, y se basan principalmente en las informaciones suministradas por un ex director de la empresa, Paulo Roberto Costa, arrestado en marzo pasado acusado de nexos con un cambista, Alberto Yousseff, acusados de numerosos delitos, entre ellos lavado de dinero y evasión de impuestos y divisas.
En un intento de reducir su pena, Costa firmó un acuerdo de delación premiada con el Ministerio Público y, según filtraciones de la prensa, admitió que numerosos políticos oficialistas -entre ellos diputados y senadores, gobernadores y ministros- sacaron provecho de la red de corrupción que habría desviado unos 10,000 millones de reales (unos 3,930 millones de dólares) de la petrolera.
En uno de sus pocos testimonios cuyo tenor fue divulgado por la Justicia, el ex director afirmó que destinaba el tres por ciento del monto de cada contrato que firmó entre 2004 y 2012 a agrupaciones oficialistas, entre ellas el PT. (DPA)