El jurado concluyó que las acciones de esas tres cadenas ayudó a crear "un perjuicio público", tras deliberar durante cinco días y medio, después de un juicio que duró seis semanas en la Corte de Distrito de Cleveland.
Ahora el juez federal Dan Polster tendrá que decidir cuánto deben pagar esas compañías a los denunciantes, los condados de Lake y Trumbull, en Ohio.
En un comunicado, los demandantes subrayaron que "durante décadas las cadenas farmacéuticas han visto cómo las píldoras que salen de sus puertas causan daños, y han fracasado en adoptar las acciones requeridas por la ley".
En su lugar, siguieron, "estas compañías han respondido abriendo en más localizaciones, inundando comunidades con píldoras y facilitando el flujo de opiáceos hacia los mercados ilegales, secundarios".
Por su parte, CVS dijo que estaba "fuertemente" en desacuerdo con la resolución del jurado y que está "orgullosa" del "importante" trabajo que ha desarrollado para apoyar a sus farmacéuticos en la detección de recetas ilegales.
"Sin embargo, el hecho simple es que las recetas de opiáceos son hechas por médicos, no farmacéuticas; los medicamentos opiáceos son fabricados y vendidos por los fabricantes, no los farmacéuticos; y nuestro sistema de sanidad depende de los farmacéuticos para atender las recetas legales que los médicos ven necesarias para sus pacientes", detalló CVS.
La cadena minorista adelantó que apelará la resolución, argumentando "un mal uso" de la ley de perjuicio público.
Walmart adelantó que también apelará y tachó de "defectuoso" el veredicto del jurado, que ve como "reflejo de un juicio que fue diseñado para favorecer a los abogados de los denunciantes".
La decisión del jurado podría servir de precedente a otras demandas en el país que buscan que las farmacéuticas rindan cuentas por la crisis de opiáceos, que ha matado a medio millón de estadounidenses.
