Las crisis política y económica que vive el país no opacan la importancia de la fecha. Se trata del mayor período democrático vivido por Brasil desde 1930, cuando Getulio Vargas impidió con un golpe de Estado la posesión del presidente electo Julio Prestes e instaló la dictadura del Estado Nuevo, que se prolongó hasta 1945.
Luego la normalidad institucional brasileña volvió a ser interrumpida en 1964 por el derrocamiento del gobierno constitucional de Joao Goulart y su substitución por un régimen militar que no abandonó el poder hasta 1985, tras más de dos décadas de autoritarismo y represión política que dejaron al menos 434 muertos y desaparecidos.
Los brasileños debieron esperar hasta 1989 para poder elegir nuevamente presidente, y el victorioso en esos primeros comicios post dictadura, Fernando Collor de Mello, terminó desalojado del poder a fines de 1992 en medio de un juicio político por corrupción.
La crisis que resultó en la salida de Collor generó el temor a que se produjeran retrocesos políticos, pero esos recelos no se confirmaron. Muy por el contrario, el trauma pareció afianzar el proceso democrático en el gigante sudamericano.
En las seis elecciones presidenciales celebradas desde entonces, los victoriosos fueron exponentes de la oposición a la dictadura que en el pasado fueron perseguidos por el régimen autoritario: el sociólogo socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), el sindicalista Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) y la propia Rousseff, reelegida en octubre pasado.
Bajo el gobierno de Rousseff, quien en su juventud fue arrestada y torturada durante la dictadura, Brasil investigó por primera vez los crímenes practicados por los militares durante el período autoritario.
En diciembre pasado la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), creada por la mandataria en 2012, presentó su informe final, que incluye una lista de 377 personas acusadas de asesinatos, torturas y otras violaciones de los derechos humanos, entre las que figuran todos los presidentes del régimen autoritario y varios militares de alto rango.
El documento, que pide a las Fuerzas Armadas que reconozcan oficialmente que las violaciones fueron una política de Estado en lugar de insistir en la versión de que se trataron de actos aislados, hizo revivir las presiones en favor de un juicio penal a los acusados de torturas, asesinatos y ocultación de cadáveres durante la dictadura.
El obstáculo para ello es la Ley de Amnistía, dictada en 1979 por el último presidente del régimen militar, el general Joao Figueiredo, y cuya vigencia ya ha sido ratificada por el Supremo Tribunal Federal (STF).
No obstante, uno de los magistrados del STF, José Roberto Barroso, admitió que la Corte Suprema podrá volver a analizar el tema, ya que Brasil es firmante de tratados internacionales que definen los crímenes contra la humanidad como delitos imprescriptibles y que no pueden ser beneficiados por una amnistía.
La posibilidad de castigo a los participantes de la represión política durante la dictadura es rechazada por sectores castrenses. El Club Militar, que reúne a oficiales retirados, criticó duramente el informe de la CNV y elaboró una lista de agentes de Estado muertos en actos de la guerrilla armada contra la dictadura.
Los resquemores también parecen estar vivos en el mismo seno de las Fuerzas Armadas, que se resistieron en entregar a la Comisión de la Verdad documentos que podrían revelar la ubicación de los restos mortales de al menos parte de los 210 desaparecidos.
Por otra parte, tres décadas después de la redemocratización ya se hacen oír en Brasil voces a favor de una "intervención militar" en el país, cuyos defensores se suman a las protestas contra los escándalos de corrupción y en favor de la salida del PT del poder.
Los defensores de un regreso del régimen autoritario son claramente minoritarios, según una encuesta realizada en marzo por el Instituto Datafolha, que reveló que el apoyo popular a la democracia en Brasil está en su máximo histórico: un 62 por ciento de los brasileños considera que la democracia "es siempre mejor que cualquier otra forma de gobierno".
Pese a ello, aliados del actual gobierno sostienen que existe en Brasil un ambiente "golpista" del que acusan a la derecha y al opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), cuyo candidato a la Presidencia, Aécio Neves, fue derrotado por Rousseff en las urnas de octubre pasado.
"Está en curso una operación de deconstrucción del régimen, con blancos claros y definidos, que usa como pretexto el combate a la corrupción", denunció el ex ministro de Ciencia y Tecnología del gobierno Lula, el socialista Roberto Amaral.
El ex presidente Cardoso, máximo exponente del PSDB, afirma que la radicalización fue alimentada por el propio PT, que durante la última campaña presidencial dividió al país "entre ricos y pobres", pero aseveró al mismo tiempo que no teme un retroceso de la democracia en Brasil.
Según Cardoso, las manifestaciones que reclaman una intervención militar "no se reflejan en la vida política o parlamentaria". "Ellos hacen ruido, pero no tienen poder", aseveró el ex mandatario en una entrevista reciente al diario español "El País". (DPA)