A 37 días de la próxima cita con las urnas en España, en la que la formación que gobierna el país aspira a conservar sus plazas tras una legislatura marcada por la crisis económica y los escándalos de corrupción, la investigación judicial sobre el que fue uno de sus grandes iconos puede hacerle mucho daño.
"Sí, yo me temo que sí, mucho", dijo hoy a los periodistas Esperanza Aguirre, candidata de la formación conservadora a la alcaldía de Madrid y una de las mujeres más fuertes del PP.
Desde La Moncloa, la "número dos" del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó que "las instituciones funcionan" y que "tienen que hacerlo con independencia del momento y el lugar, con independencia de que haya o no elecciones y de que afecte a uno u otro partido o institución".
Pero según coinciden varias fuentes citadas hoy por medios españoles, en el Ejecutivo hay preocupación y consternación ante una imagen calificada por el diario "El Mundo" como "una de las más demoledoras de la historia de la democracia española": la de Rato con la cabeza sujeta por un agente que lo introduce en un vehículo, detenido.
La investigación del ex director gerente del FMI por presunto fraude fiscal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes se suma a otros casos de corrupción que ponen en entredicho al PP, como la trama "Gürtel" o el "caso Bárcenas", que apunta a una presunta contabilidad paralela en la formación conservadora.
Agentes de la Agencia Tributaria registraron desde ayer la vivienda y el despacho de Rato por orden de un juez que admitió a trámite una denuncia interpuesta contra el ex vicepresidente del gobierno por la Fiscalía de Madrid.
"Es muy duro para todos", dijo tras conocerse la noticia el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando.
La posición oficial del partido ante esta nueva embestida fue la de remitirse al funcionamiento del Estado de derecho y destacar que la investigación no está relacionada con la etapa de Rato en el gobierno, sino que "es particular", como la calificó la "número dos" del gobierno.
"Da igual la pertenencia a un partido, el relieve social o el poder político o económico. Todos somos iguales ante la ley", dijo hoy el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, impulsor de la amnistía fiscal que el gobierno aprobó en 2012 y a la que supuestamente se acogió Rato.
Ante la tesis apuntada por algunos sectores de que el gobierno podría haber decidido sacrificar la cabeza de Rato para desviar la atención de otros asuntos judiciales que golpean más de cerca al actual Ejecutivo, fuentes de La Moncloa citadas por el diario "El País" la calificaron de "absurda". "¿Qué beneficios puede reportar eso ahora para Rajoy?", se preguntaron.
El Partido Socialista (PSOE), el más importante de la oposición en España, acusó hoy al jefe del gobierno de ser como "el violinista del Titanic, que pretende seguir tocando y tirando a gente por la borda".
"Si Rajoy pretende que con la imagen de Rato entrando en un coche de la Policía nos olvidemos de su responsabilidad política está listo", dijo el portavoz de los socialistas en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando.
Rato fue considerado el "padre" del milagro económico de España durante el gobierno de Aznar (1996-2004), a quien contribuyó a alzar desde la oposición hasta el despacho de Presidencia en una campaña en la que trabajó mano a mano con Rajoy.
El actual presidente del gobierno le situó al frente de Caja Madrid en 2009, casi tres años después de que renunciara a la gerencia del FMI alegando motivos personales.
Fue a partir de entonces cuando la luminosa trayectoria de Rato empezó a cubrirse de sombras. En 2012, en plena crisis financiera, Rato fue apartado de la entidad Bankia, sucesora de Caja Madrid, que tuvo que ser nacionalizada.
Ese mismo año comenzó su "calvario" judicial, a raíz de una querella presentada contra los ex consejeros de Bankia. La imagen del español que más lejos llegó en política económica internacional comenzó a derrumbarse a golpe de imputación.
Aquellos que le habían aplaudido y vitoreado en su partido años antes empezaron a darle la espalda. En octubre de 2014 fue presionado para pedir la baja voluntaria en la formación a raíz del escándalo de las llamadas "tarjetas black", por el que está imputado de presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal por el uso de tarjetas de crédito no declaradas de Bankia. (DPA)