La Agencia Brasil de noticias indicó este lunes que la defensa del exmandatario repudió cualquier intento de envolver a Lula en actos ilícitos, y consideró que la imputación forma parte de una "persecución política" en contra de Lula.
Según la acusación de la PF, Lula y otras 12 personas, incluidos empresarios y ministros del gobierno del exmandatario, participaron en un esquema criminal, por el cual el entonces gobernante Partido de los Trabajadores (PT) habría recibido unos seis millones de reales, a cambio de beneficiar a ese sector empresarial.
De acuerdo con los cargos, el gobierno de Lula emitió la Medida Provisional 471, que extendió incentivos fiscales a armadoras y fabricantes de vehículos en regiones del Norte, Nordeste y Centro-Oeste de Brasil.
El expediente de la PF fue presentado al Ministerio Público, que puede o no presentar la denuncia ante la justicia, acotó la Agencia Brasil.
Los abogados el exmandatario subrayaron en un comunicado que Lula ha sido "sometido, en los últimos dos años, a una verdadera obscenidad y ninguna prueba fue encontrada, simplemente porque no hubo de su parte cualquier acto de corrupción".
"Esta ola de ataques sólo sirve para reforzar que nuestro cliente es víctima de persecución política por medio de procedimientos jurídicos", indicaron, lo cual es una práctica "que atenta contra el Estado democrático de Derecho".
El caso, conocido como Operación Zelotes, se refiere a presuntos desvíos en el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales, del Ministerio de Hacienda, en el manejo de impuestos y multas a los contribuyentes, para beneficiar a empresas que pagaron sobornos a los funcionarios para evadir sus obligaciones.