Trump ha echado mano de la antigua retórica republicana sobre el fraude electoral para emitir una serie de medidas que transformarían drásticamente la manera como se llevan a cabo las elecciones en el país.
La orden ha generado una lluvia de críticas, especialmente de secretarios de estado demócratas . “Es ilegal”, calificó en un comunicado la secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, sobre la medida firmada este martes.
Por su parte, el senador Alex Padilla, quien se desempeñó como secretario de Estado de California, dijo que la propuesta “no mejora la seguridad” de las elecciones federales.
“Trump es un conocido negacionista electoral. Carece de la autoridad para implementar muchos de los cambios establecidos en esta orden ejecutiva, que además ignora los requisitos establecidos en la Ley Bipartidista de Ayuda al Voto en Estados Unidos”, ahondó el demócrata.
La prueba de ciudadanía
Uno de los cambios más controvertidos es la orden que requiere a la Comisión de Asistencia Electoral modificar su formulario de registro de votantes para que se exija una prueba de ciudadanía estadounidense.
Entre los documentos que serán aceptados como válidos para registrarse como elector están un pasaporte de los Estados Unidos, un documento de identificación (ID) o una tarjeta de identificación militar que pruebe la ciudadanía del elector.
En este sentido, Greta Bedekovics, del Centro para el Progreso Americano, señaló que la medida “perjudicará a millones de votantes, especialmente a los votantes rurales, de bajos ingresos y dificultará aún más que los ciudadanos elegibles exijan responsabilidades a los funcionarios electorales”.
Subrayó que unos 146 millones de estadounidenses carecen de pasaporte, una cifra que pone de ejemplo la cantidad de personas que se verían afectadas.
Un estudio del Brennan Center For Justice encontró que sólo el 0,0001% de los 23,5 millones de votos emitidos en 42 jurisdicciones encuestadas en las elecciones de 2016 fueron presuntamente votos de no ciudadanos. Solo 2 de esas jurisdicciones reportaron posibles casos.
La medida también socavaría la confianza de inmigrantes naturalizados para participar en las elecciones.
Votos que quedan por fuera
Trump también exige a los estados dejar de contar las boletas electorales enviadas por correo o en ausencia recibidas después del día de elecciones, lo que afecta a estados como California, que cuenta votos recibidos por correo hasta siete días después de la elección.
Además, la orden requiere modificaciones significativas en los sistemas de votación y las normas de seguridad de los equipos de votación. Si los estados no cumplen el Ejecutivo ha amenazado con cortar la financiación.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles advirtió que la orden de Trump busca arrebatar el control a los estados, principales responsables de regular y administrar las elecciones para cargos federales.
Los activistas también han apuntado a la injerencia del Ejecutivo en las elecciones que causaría la orden ejecutiva, que, entre otras cosas, da poder al Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés) y al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para revisar padrones electorales y prohíbe recibir donaciones de extranjeros en ciertas elecciones, entre otros cambios.
Al respecto, el secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes, dijo en una entrevista con Democracy Docket, que “sinceramente cree que la Administración Trump quiere cancelar las elecciones de 2026 para que él y su partido puedan mantenerse en el poder”.
Tanto ACLU como varias organizaciones y secretarios de estados demócratas han dicho que recurrirán a los tribunales para detener la implementación de la orden con lo que se abre otra batalla legal para el Gobierno Trump.