La fundadora de Cofavic, la abogada Liliana Ortega, dijo que la polémica resolución del Ministerio de Defensa sobre el uso de armas en manifestaciones es inconstitucional.
"No es el único paso necesario, el otro paso tiene que ver con el uso de la justicia como herramienta de venganza política, que hemos podido observar en líderes de la oposición, estudiantes y defensores de los derechos humanos", señaló a la emisora "Unión Radio".
Indicó que cuando se cumplirán 26 años del "Caracazo", un evento que implicó el decreto de un estado de sitio por varios días, el gobierno venezolano y las fuerzas de seguridad tienen que conducir sus acciones en el marco de los derechos humanos.
Asimismo, alertó que no es legal que los militares participen en acciones para contener las protestas públicas.
El gobierno bolivariano enfrenta desde el año pasado una serie de protestas que han dejado muertos y heridos. El caso más reciente es el del adolescente Kluivert Roa, que murió el martes de un tiro en la cabeza de un agente de policía que fue imputado por homicidio.
El hecho, ocurrido en la región de Táchira, donde se iniciaron en 2014 las protestas contra el gobierno, fue atribuido por algunos especialistas a la resolución emitida por el Ministerio de Defensa el mes pasado que autoriza a los militares a usar "fuerza potencialmente mortal" en protestas.
La portavoz de la organización no gubernamental sobre temas militares Control Ciudadano, Rocío San Miguel, afirmó que el homicidio de Roa fue producto de un "cóctel" peligroso que resumió en: "Partidización de los cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada, el discurso de odio desde el poder" y la resolución del Ministerio de Defensa sobre el uso de armas.
Según el código, los militares utilizarán la disuasión y en su reacción graduarán la fuerza a aplicar, desde la presencia de los funcionarios en las calles hasta el uso de arma de fuego.
El defensor del pueblo, Tarek William Saab, destacó la rápida acción de la justicia contra el policía acusado de la muerte de Roa, a quien señaló de reaccionar sin la debida preparación.
Saab dijo que el gobierno ha respondido en casos de violaciones y que incluso se responsabilizó e indemnizó a varias de las víctimas del "Caracazo".
Este 27 y 28 de febrero se cumplen 26 años de los sucesos que comenzaron en las afueras de Caracas por un aumento del precio de la gasolina y consiguiente incremento del pasaje.
Los saqueos se extendieron a la capital y el gobierno, que había aprobado el aumento de combustible dentro de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, puso en manos de los militares la contención de los desórdenes, para lo cual se impuso un estado de sitio.
Cifras oficiales dijeron que hubo alrededor de 300 muertos, aunque otras los ubicaron en 1,000.
Para conmemorar la fecha, el oficialismo convocó una marcha en Caracas el sábado. El vicepresidente para el Desarrollo del Socialismo Territorial, Elías Jaua, llamó a participar en la manifestación que también será para expresar el apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
"Será una gran movilización bajo la consigna del antiimperialismo y de la defensa de la soberanía de la patria venezolana. Será una demostración de patria, una demostración antiimperialista, una demostración socialista y popular", afirmó.
La organización no gubernamental Provea, que junto con Cofavic llevó casos del "Caracazo" a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que lamentaba la muerte de Roa en esta fecha.
"Provea lamenta que faltando apenas dos días para cumplirse un año más de los terribles sucesos ocurridos el 27 de febrero de 1989, durante El Caracazo, los funcionarios de los cuerpos de seguridad sigan actuando a contravía de los estándares internacionales y de las normas nacionales que consagran el principio de uso proporcional, progresivo y diferenciado de la fuerza en el control de manifestaciones", señaló en una declaración.
Agregó que la muerte del adolescente no puede ser considerada un "hecho aislado" y recordó que a comienzos de este mes agentes de la policía dispararon armas de fuego contra estudiantes en Táchira, lo que derivó en la destitución de uno de los jefes del cuerpo policial. (DPA)