La CEV dijo en una declaración que la marcha del jueves, bautizada por la oposición como “la toma de Caracas", es el ejercicio de un legítimo derecho establecido en la Constitución y el ordenamiento jurídico del país.
La oposición dijo que la manifestación busca presionar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que acelere el proceso de consulta para revocar el mandato del presidente Maduro, y fije las fechas para recolectar las firmas de los electores.
"Dichas movilizaciones, concentraciones y actividades de carácter político tienen que ser respetadas y amparadas por los organismos del Estado y, además, desarrollarse en un clima de paz, convivencia social, tolerancia y respeto", señaló la CEV.
Dijo que el Estado, con sus diversas instituciones y, en particular los organismos de seguridad, están obligados a garantizar a la ciudadanía el derecho a la libre expresión de sus ideas, la libre circulación, la integridad personal y el respeto del bien común.
El gobierno acusa a la oposición de tener planes para generar violencia el 1 de septiembre, y asegura que existe una conspiración para derrocar a Maduro con el apoyo de Estados Unidos.
La oposición replicó que el objetivo es que se fije una fecha para la recolección de las firmas de electores, con la meta de reunir 20 por ciento del padrón electoral, o casi cuatro millones, para activar el referéndum.
“El único que habla de violencia para el 1 de septiembre es el gobierno. El objetivo de la 'toma de Caracas' es para buscar que se fije la fecha del 20 por ciento del revocatorio”, señaló el líder opositor Henrique Capriles.