Según sentenció la corte en la localidad de Toulon, en el sur de Francia, esta empresa no cumplió con "sus obligaciones de inspección y vigilancia" y deberá por ello indemnizar a los distribuidores y las mujeres afectadas.
TÜV Rheinland aseguró que apelará la sentencia que ordena compensar a cada víctima con una indemnización de 3,000 euros (4,030 dólares) para costear la intervención con la que se retirarían los implantes defectuosos. No obstante, las demandantes pedían 16,000 euros.
"La sentencia es muy sorprendente", señaló la empresa en un comunicado emitido en París. "Va contra el derecho, contra la posición del fiscal en Toulon y contra las sentencias dictadas hasta la fecha", se agregó.
Más de 1,600 pacientes, entre ellas numerosas sudamericanas, que recibieron implantes realizados por la empresa Poly Implant Prothese (PIP) y seis distribuidoras demandaron al ente regulador por no haber visto que los implantes habían sido rellenados con una silicona industrial de menor calidad.
TÜV Rheinland argumentó que su papel es detectar "errores no intencionados" en los fabricantes, no "fraude intencionado".
Esta causa civil en Toulon va por separado de la causa penal que se sigue en Marsella contra el fundador de PIP, Jean-Claude Mas, así como contra cuatro de los ex directivos de la empresa.
Mas y sus empleados podrían enfrentar hasta cinco años de prisión por fraude tras rellenar las prótesis con una silicona industrial, más proclive a romperse.
El fundador de PIP admitió que usó un gel más económico, pero aseguró que no constituía riesgo alguno. Las autoridades de sanidad francesas cerraron la empresa en 2010.
Se estima que en todo el mundo unas 400,000 mujeres llevan implantes PIP. En Francia, unas 13,500 mujeres se han sometido de nuevo a una operación para retirar estos implantes de silicona tras estallar el caso en 2011.
