El partido de centroderecha PRO, del alcalde porteño Mauricio Macri, fue el primero en anticipar que no avalará el plan en el Parlamento.
En el mismo sentido se expresaron hoy dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR), el Frente Renovador y partidos de izquierda.
El líder del Frente Renovador, el diputado peronista y ex alcalde de Tigre Sergio Massa, rechazó el proyecto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y llamó al resto de las fuerzas políticas a consensuar una "propuesta alternativa" para el problema de la deuda pública.
Massa propuso "buscar puntos de equilibrio con el resto de las fuerzas políticas para construir una política de Estado" en torno al litigio con los fondos buitre. "Sabemos que este problema tiene solución", aseguró.
El presidente de la UCR, Ernesto Sanz, también rechazó la iniciativa. "La mayoría de los legisladores opinamos que no vamos a acompañar al gobierno", declaró Sanz, aunque el centenario partido político aún no adoptó una posición oficial.
La coalición UNEN de centroizquierda, que integra también la UCR junto al socialismo, la Coalición Cívica y otros partidos, tampoco tomó una decisión. "Todavía no sé si votamos en contra o nos abstenemos", declaró la diputada Elisa Carrió.
En tanto, el legislador Nicolás del Caño confirmó que "la banca del PTS en el Frente de Izquierda rechazará de plano el proyecto que intenta hacer votar el oficialismo para garantizarles el pago a todos los acreedores de una deuda usuraria".
El proyecto de ley se debatirá la semana próxima en las comisiones del Senado. El objetivo del gobierno es que sea aprobado antes del 30 de septiembre, fecha del próximo vencimiento de obligaciones de deuda de Argentina, por unos 200 millones de dólares.
El gobierno argentino depositó 539 millones de dólares en el Banco de Nueva York para el último vencimiento de deuda, pero el dinero quedó congelado por decisión de la Justicia estadounidense y no fue saldado a los bonistas.
La causa fue la falta de cumplimiento argentino del fallo del juez estadounidense Thomas Griesa que obliga a Buenos Aires a pagar a fondos de inversión especulativos el 100 por ciento del valor de los bonos soberanos argentinos en cesación que pagos desde fines de 2001 que poseen, sin los recortes aplicados a los acreedores que aceptaron en 2005 y 2010. (DPA)