Según los datos contenidos en el Índice Global de Datos Abiertos, realizados por la Open Knowledge Foundation y a los que My Press tuvo acceso, Argentina es el país número 20 en cuestión de acceso público al contenido de gobierno. La nación latinoamericana ocupó el mismo lugar que Suecia, se ubicó por encima de países como Alemania, Bélgica, Austria y Polonia, y brilló particularmente en las cuestiones de presupuesto oficial y registro de compañías.
El desempeño general de la administración de Macri provocó una considerable mejora, perceptible cuando se comparan los resultados del índice publicado en 2015, cuando Argentina se encontraba 34 lugares por debajo de su posición actual. Sin embargo, también tuvo importantes fallas, particularmente en la transparencia de sus resultados electorales, gastos finales de gobierno, y declaración de la propiedad de terrenos; que revelan un área de ilegalidad con la que el presidente no ha sabido lidiar: la corrupción gubernamental.
La corrupción en Argentina tiene dos caras, representadas por los esfuerzos de la administración de Macri y por el caso Odebrecht
El ejemplo más claro de esta mancha en el gobierno argentino es el caso Odebrecht, que se ha extendido por toda América Latina. De acuerdo a uno de los detenidos brasileños, la constructora instaló una operación en Argentina para el pago y soborno de políticos y empresarios, disfrazados a través de aportaciones durante las campañas electorales. En el transcurso de los últimos 10 años, se pudieron haber gastado por encima de 35 millones de dólares (mdd) en este tipo de gastos.
La corrupción de Odebrecht tiene raíces aún más profundas en Argentina, que afectan directamente al presidente. No sólo existen registros de una subsidiaria de la compañía brasileña, Braskem, que supuestamente aportó 500 mil dólares a la campaña del ejecutivo; sino que la empresa argentina IECSA, que perteneció al padre del mandatario y ahora está bajo el control de su primo, fue allanada en sus oficinas de Buenos Aires bajo la acusación de haber pagado sobornos e incurrir en sobreprecios tras ganar la licitación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, con un valor de 3 mil mdd.
A pesar que estos hechos muestran un panorama oscuro para Macri y su nación, el triunfo de la legalidad no se ve tan improbable. Después de la detención de 390 efectivos y un jefe de la policía de Buenos Aires, por montar un sistema de pago de sobornos, el gobierno argentino ha mostrado una disposición para acabar con la corrupción; pero son necesarias acciones igual de contundentes pero de mayor calibre y alcance para verdaderamente acabar con este reto de raíz.
