El Tribunal presidido por el juez Giuseppe Pignatone tendrá que determinar si acoge la petición de absolución de la defensa o se decanta por la del "promotor" o fiscal vaticano, Alessando Diddi, que pide 7 años y 3 meses de reclusión para el otrora poderoso Becciu, así como unos 70 años y penas de inhabilitación y resarcimiento para el resto.
Sólo tres meses antes de la apertura del juicio, en julio de 2021, el papa firmó un "motu proprio" para permitir que cardenales y obispos fueran juzgados en tribunales ordinarios y el primero ha sido Becciu, a quien Francisco en 2020, tras saltar el escándalo financiero, retiró sus derechos del cardenalato (aunque no el título) cerrando la posibilidad de acudir a un cónclave.
Según la acusación, la Secretaría de Estado invirtió, cuando Becciu era su Sustituto de Asuntos Generales (2011-2018) y hombre clave de la burocracia vaticana, una cuantiosa suma en una operación altamente especulativa para comprar un edificio en Londres que creó un enorme agujero en las arcas vaticanas de al menos 139 millones de euros.
Los otros imputados, acusados de cargos como peculado, estafa agravada, extorsión y blanqueo de capitales, recibieron una petición de pena de entre 3 y 13 años de cárcel y entre 9,000 y 18,000 euros como resarcimiento.
Se trata de los responsables vaticanos René Brülhart, Tommaso Di Ruzza y de Fabrizio Tirabassi, así como del sacerdote Mauro Carlino, exsecretario de Becciu.
También esperan sentencia los corredores financieros y mediadores, acusados de lucrarse y estafar a la Santa Sede, Enrico Crasso, Raffaele Mincione, Cecilia Marogna, Gianluigi Torzi y Nicola Squillace.
El caso estalló tras la compra del edificio en Sloane Avenue, en el corazón de Londres, como parte de las inversiones financieras vaticanas pero que, según las acusaciones, acabó siendo utilizado para extorsionar al Vaticano y mostrando la poca transparencia y las irregularidades que había en las cuentas de la Santa Sede.
El edificio, una antigua sede de Harrods en el exclusivo barrio de Chelsea, fue vendido por el Vaticano por 186 millones de libras (214 millones de euros), cuando había costado a la Santa Sede unos 350 millones. Y de hecho, la Secretaria de Estado vaticana se presentó como parte perjudicada en el proceso.
Además, durante el proceso surgieron otros delitos financieros cometidos presuntamente por Becciu como las donaciones de 125,000 euros que ingresó en la cuenta de una asociación, vinculada a la Cáritas de Ozieri, que en ese momento presidía uno de sus hermanos.
Así como el pago de 575,000 euros a Marogna, que fue contratada tras presentarse como experta en asuntos diplomáticos y servicios secretos y que supuestamente ayudó a la Santa Sede a liberar, tras cuatro años de cautiverio, a la monja colombiana Gloria Cecilia Narváez, secuestrada por yihadistas en Malí.
El fiscal pide para Marogna, definida como "la dama del Cardenal", 4 años y 8 meses de reclusión, en tanto que la pena más alta se ha reclamado para Tirabassi, 13 años y 3 meses de prisión, quien según sus abogados tuvo un papel secundario, ya que quien decidió todo fue monseñor.
El testigo clave del juicio fue Alberto Perlasca, jefe de la oficina administrativa y cuyos cargos de acusación fueron desestimados después de comenzar a colaborar con la Justicia.
Los abogados de Becciu han presentado durante proceso conversaciones del cardenal con el papa grabadas sin su consentimiento para probar que las acusaciones no tenían fundamento.