“Los contrabandistas y traficantes a menudo muestran un total desprecio por la vida humana y la dignidad, y deben rendir cuentas por ello, pero la acción militar podría exponer a los migrantes y los solicitantes de asilo a graves riesgos”, advirtió Judith Sunderland, subdirectora en funciones para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “La prioridad máxima debería ser salvar vidas en el mar y llevar a las personas que están en peligro en el Mediterráneo de forma segura a las costas de la UE”.
La UE debe evaluar cuidadosamente las consecuencias a corto y largo plazo que cualquier operación pueda tener para los derechos humanos, incluyendo el riesgo de que aumente el peligro que corren los migrantes que tratan de cruzar el Mediterráneo en barco, dijo Human Rights Watch. La UE también debe evaluar los riesgos de atrapar a los migrantes y los solicitantes de asilo en Libia, donde a menudo son víctimas de violencia y abuso y no tienen posibilidad de presentar solicitudes de asilo.
Los buques de la UE en el Mediterráneo, incluidos los que participan en la operación EUNAVFOR Med, deben llevar a los migrantes interceptados a puertos seguros en la UE. Allí, aquellos que pidan protección o den muestras de tener miedo a volver a su país de origen deberán ser sometidos a una evaluación de asilo. La UE no debe, bajo ninguna circunstancia, transferir a los migrantes interceptados en el mar a la guardia costera libia ni dejarlos en Libia, dijo Human Rights Watch.
La decisión del Consejo prevé comenzar la operación con vigilancia y patrullaje. Si a continuación los Estados miembros de la UE estuvieran de acuerdo con proceder, la segunda fase incluiría el abordaje, el registro, la incautación y el desvío de las embarcaciones sospechosas de estar destinadas a traficar con personas. La tercera y última fase consistiría en la “inutilización” de estos barcos.
El gobierno reconocido por la comunidad internacional en Libia ha dicho que se opone a la acción militar de la UE en su territorio o aguas territoriales. Dos gobiernos se disputan la legitimidad en Libia: el gobierno reconocido internacionalmente basado en Tobruk y Al-Bayda, en el este, y otra autoridad autoproclamada con sede en Trípoli, en el oeste, desde donde zarpa la gran mayoría de los barcos.
Independientemente de dónde operen, los buques de la UE que participen en la planificada operación naval están sujetos a la jurisdicción de la Convención Europea de Derechos Humanos, que exige diseñar, planificar y ejecutar todas las operaciones con un pleno respeto por los derechos, entre ellos el derecho a la vida, la libertad y la seguridad, un recurso efectivo y la prohibición de la tortura. Los requisitos prohíben que alguien sea enviado a un país donde corra el riesgo de ser torturado o maltratado, o donde su vida o libertad corran peligro: el principio de no devolución.
La misión es parte de la respuesta de la UE a la crisis en el Mediterráneo. Desde principios de 2015, al menos 1.780 migrantes y solicitantes de asilo han muerto intentando la travesía marítima. La UE ha intensificado las operaciones de búsqueda y rescate y, en lo que va de año, más de 62.000 personas han llegado por mar a la UE, cruzando el Mediterráneo central, principalmente desde Libia a Italia y Malta, y el mar Egeo desde Turquía a Grecia. Estadísticas de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) muestran que el 60 por ciento de los que llegaron por mar en lo que va de año eran de Siria, Eritrea, Afganistán y Somalia - todos ellos países que sufren violencia política generalizada o represión.
El 13 de mayo, la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, presentó sus propuestas para una “Agenda Europea de Migración”. Las propuestas incluyen medidas positivas, como la creación de un plan de reasentamiento de refugiados en toda la UE y un mecanismo de reubicación para distribuir más equitativamente la responsabilidad por los solicitantes de asilo entre los Estados miembros de la UE, dijo Human Rights Watch. Varios Estados miembros de la UE, entre ellos el Reino Unido, Francia, Hungría y Polonia, ya han expresado su renuencia a participar en estas propuestas de responsabilidad compartida.
La mayoría de las propuestas, sin embargo, se centran en medidas para limitar las llegadas, incluso mediante la mejora de los controles de inmigración en los países de origen y de tránsito, el desarrollo regional y la creación de un “centro multiusos” piloto en Níger para proporcionar información, protección local y oportunidades de reasentamiento. Estas medidas deben ser cuidadosamente diseñadas para fortalecer el respeto por los derechos humanos y fomentar la resolución de conflictos en los países de origen, dijo Human Rights Watch.
También deben mejorar la capacidad de los países de tránsito para proteger e integrar a los refugiados, en particular mediante la creación de sistemas de asilo justos y eficientes que garanticen que las solicitudes de asilo sean debidamente examinadas e incluyan el derecho a apelar las denegaciones. Estas medidas deberían garantizar escrupulosamente que los refugiados y solicitantes de asilo no sean devueltos forzosamente a países donde vayan a ser perseguidos o sufrir otro perjuicio grave y que a nadie se le impida huir de amenazas a su vida o a su libertad.
Muchos migrantes y solicitantes de asilo, si no la mayoría, que entran en la UE de manera irregular pagan voluntariamente a contrabandistas para que les faciliten el viaje, a pesar de que estos a menudo les engañan sobre el contexto o las condiciones en las que serán transportados, como por ejemplo en embarcaciones atestadas o que no son aptas para navegar. Entre los que llegan por mar o por tierra también hay víctimas de los traficantes que han sido engañadas u obligadas a viajar y que son rehenes en espera de un rescate o si no sufren abusos y son explotados.
Los migrantes y solicitantes de asilo entrevistados en Italia en mayo describieron a Human Rights Watch los abusos que sufrieron a lo largo de las rutas migratorias desde el Cuerno de África y en Libia. Entre ellos cabe destacar: haber sido mantenidos como rehenes durante meses en el desierto del Sáhara en condiciones violentas y agotadoras hasta que los familiares transferían dinero a los traficantes; palizas con tubos de madera y de hierro, mangueras de goma y látigos; muertes a balazos ante los intentos de fuga; trabajos forzados; y la detención virtual antes de la salida para Europa en “casas de seguridad” insalubres y hacinadas en Libia y gestionadas por los traficantes. Los contrabandistas sobrecargan rutinariamente embarcaciones no aptas para navegar y proporcionan insuficiente alimentación, agua y combustible para el viaje.
Libia ha sido durante mucho tiempo tanto un país de destino como un país de tránsito para los africanos subsaharianos, los sirios y otros que buscan llegar a la UE. Human Rights Watch ha documentado la tortura –incluyendo latigazos, palizas y descargas eléctricas—, así como el hacinamiento, las condiciones sanitarias insalubres y la falta de acceso a la atención médica en los centros de detención de migrantes en Libia entre mediados de 2014 y mayo de 2015.
Las entrevistas de mayo en Italia indicaron que el aumento de la anarquía y la violencia generalizada en Libia debido a las hostilidades están obligando a algunos migrantes a marcharse. Algunos dijeron que habrían permanecido en Libia y no intentado la peligrosa travesía marítima hacia la UE si Libia no fuera tan peligrosa. Livinus, un nigeriano de 20 años que había ido a Libia en busca de trabajo en el 2013, dijo a Human Rights Watch: “Los ves inflar el barco y subir en él a un centenar de personas, y sabes que es arriesgado. Yo no hubiera corrido ese riesgo si no fuera por los problemas en Libia”.
No hay soluciones fáciles a corto plazo, pero la UE tiene que aumentar los canales seguros y legales en la región como una solución más eficaz a largo plazo que la mera destrucción de barcos, dijo Human Rights Watch.
“La destrucción de barcos sospechosos de ser utilizados por traficantes de inmigrantes podría impedir temporalmente que una persona se suba a un barco que no está en condiciones de navegar, pero las consecuencias no terminan ahí”, señaló Sunderland. “La UE tiene que hacer una evaluación honesta de la forma en que su intervención empujará a la gente desesperada a emprender viajes incluso más peligrosos, qué pasará con las personas que necesitan protección y que buscan salir de una Libia cada vez más caótica y violenta, y cómo esto encaja con las obligaciones internacionales”.