El caso de Hollerbach había suscitado discrepancias entre los diez magistrados de la corte, que necesitaron más de tres sesiones para lograr un acuerdo sobre la pena que le correspondía a este reo, uno de los 25 hallados culpables durante la fase procesal.
Hollerbach era uno de los socios del publicista Marcos Valerio Fernandes, considerado el "operador financiero" de la red de corrupción y condenado a 40 años un mes y seis días de prisión, por los mismos delitos de asociación ilícita, corrupción activa, malversación, lavado de dinero y evasión de divisas.
Según estableció la corte durante el proceso, las empresas de Fernandes fueron puestas al servicio del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y de una red de corrupción que esa formación estructuró después de que Lula ganó las elecciones del 2002, sin mayoría parlamentaria.
Lo que el Supremo califica de "organización delictiva" se valió de recursos públicos desviados hacia las empresas de Fernandes, que luego acababan en el PT y servían para financiar campañas o para sobornar a dirigentes de otros partidos a cambio de su apoyo a las iniciativas que el Gobierno de Lula presentaba al Congreso.
La corte ahora se abocará a estudiar las penas que le corresponden a los otros 23 culpables, entre quienes figuran el exministro de la Presidencia José Dirceu, al expresidente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) José Genoino y al antiguo tesorero de esa formación Delubio Soares.
Además, la corte confirmó hoy que ha exigido a los 25 reos la entrega de sus pasaportes a la justicia, ante la presunción de que alguno de ellos intente abandonar el país.
Para esa entrega, el tribunal dio un plazo de 24 horas, que vencerá esta misma noche.
La decisión fue criticada en duros términos por el exministro Dirceu, quien a través de una nota difundida hoy la calificó de "populismo jurídico" y la denunció como "una seria violación de los derechos de los reos que aún no han sido condenados".
Dirceu insistió en su inocencia y en que ha sido condenado "sin pruebas" y subrayó que "nada" le impedirá "defender" esa posición o ejercer sus "derechos y garantías individuales".
Asimismo, reivindicó su "derecho" a "contradecir" el fallo del Supremo, que lo halló culpable de corrupción activa y asociación ilícita.