Marie Fleming, una exprofesora universitaria de 59 años que padece esclerosis múltiple y lleva más de 25 en silla de ruedas, había apelado ante el Supremo el pasado febrero, después de que un tribunal inferior le denegase el derecho a que su marido, Tom Curran, le ayude a quitarse la vida.
Un fallo a su favor en este caso, sin precedentes en Irlanda, hubiera forzado al Gobierno de Dublín a legislar para permitir, en ciertas circunstancias, la eutanasia, asunto que como el del aborto genera pasiones encontradas en un país muy católico.
En Irlanda, el suicidio asistido está prohibido en virtud de la llamada Ley de Derecho Criminal de 1993 y se castiga con un máximo de 14 años de cárcel a quien "ayude, instigue, aconseje o procure" un suicidio asistido.
Los siete jueces del Supremo rechazaron los argumentos de la defensa, que sostuvo que la legislación vigente viola los derechos personales y a la vida de Fleming, de acuerdo con los principios recogidos en la Carta Magna irlandesa y en la Convención Europea de Derechos Humanos.
El Tribunal Supremo de Dublín, por contra, aceptó las tesis de los abogados del Estado, que recordaron que el principal objetivo de la Constitución irlandesa es "proteger la vida" y que cualquier derecho encaminado a permitir la comisión de un suicido va en contra de ese principio.
No obstante, como ya hiciera el Tribunal Superior el pasado enero, la presidenta del Supremo, Susan Denham, aseguró hoy que el veredicto emitido en un caso "tan triste" y "trágico" como el de Marie Fleming no debe ser "impedimento" para que el "Estado" y el "Parlamento" introduzcan, si así lo desean, "salvaguardas apropiadas" para hacer frente a situaciones similares en el futuro.
Pero tal y como está redactada la Constitución, recordó la juez, en el texto no se hace referencia al "derecho explícito de cometer suicidio o de elegir uno mismo el momento de su propia muerte", independientemente de que "pertenezca a un grupo minoritario y desfavorecido".
Los abogados de Fleming habían insistido en que la ley "discrimina" a un "grupo de personas totalmente inocente" como es el de los "discapacitados graves", al considerar que no tienen el mismo derecho que el de los "capacitados" para suicidarse.
En repetidas ocasiones Marie, madre de dos hijos, ha dejado claro que quiere morir "en paz" y cuando ella decida, pero no puede acabar con su vida sin la ayuda de su pareja, quien de hacerlo sin autorización incurriría en un delito.
Nada más conocer el veredicto, Tom Curran, visiblemente emocionado, dejó entrever que están dispuestos a llevar el caso ante los tribunales europeos, aunque también advirtió de que hará lo que le pida su pareja, quien no asistió hoy a la vista por la gravedad de su estado.
"La Justicia se ha pronunciado sobre el futuro de Marie, ahora volveremos a casa para seguir con nuestras vidas hasta que Marie decida si ya ha tenido suficiente. En ese caso, la Justicia tendrá la oportunidad de decidir sobre mi futuro", declaró Curran.
"Cuesta entender" que a una "persona discapacitada" se le niegue "algo que es legal para cualquier otra persona", lamentó Curran, quien aseguró que seguirá "presionando" al Gobierno irlandés para que cambie la ley, a pesar del fallo judicial.
En este sentido, se mostró "decepcionado" por el hecho de que el Supremo no haya siquiera "ordenado" al Ejecutivo y el Parlamento de Irlanda que tomen cartas en el asunto.
Aunque el veredicto no ha causado sorpresa, Tom Curran no pudo evitar llorar al escuchar las palabras de la juez en la sala, pero, tras recomponerse, sacó su teléfono móvil y le comunicó a su pareja la noticia: "Ha sido lo que esperábamos", le dijo.