La nueva imputación contra Suu Kyi, que está en arresto domiciliario desde el golpe de Estado del 1 de febrero y que podría enfrentarse a penas de prisión, llegó esta vez a través del testimonio televisado del constructor birmano Maung Weik, muy próximo a los militares.
En una declaración emitida la noche del miércoles por varios canales controlados por el Ejército, el magnate y dueño de la constructora Say Paing Construction aseguró que entregó 550,000 dólares a Suu Kyi, divididos en cuatro pagos entre 2018 y 2020.
PAGOS SIN TESTIGOS
A pesar de la detallada declaración, en la que aportó la fecha y las cantidades entregadas en sobres en cada ocasión a la premio nobel de la paz en su casa, el magnate reconoció que "no hubo testigos".
Tras el testimonio televisado, el Ministerio de Información anunció este jueves que la junta militar ha iniciado una investigación para procesar a Suu Kyi por delitos de corrupción.
La nueva imputación llega después de que la líder electa fuera acusada formalmente la semana pasada de haber recibido pagos ilegales por valor de 600,000 dólares y más de 11 kilos de oro durante su mandato de manos de un presidente regional.
El letrado Khin Maung Zaw, uno de los representantes legales de la venerada líder birmana, calificó de "broma hilarante" esa acusación, la más grave presentada contra ella hasta ahora.
Suu Kyi, de 75 años, también ha sido acusada por la junta militar de importación ilegal de walkie talkies, vulneración de las leyes contra la covid-19 y la publicación de mensajes "que incitan al miedo o a la alarma".
PROCESO OPACO
La dirigente, que fue detenida junto a parte de su Gobierno la mañana del golpe de Estado, ha permanecido completamente incomunicada sin que desde hace semanas hayan llegado noticias sobre su estado y sin que se le haya permitido ver a sus abogados.
La acusaciones contra Suu Kyi, que se enfrenta desde el pasado 17 de febrero a un opaco proceso judicial en un tribunal de la capital Naypyidó en el que declara por videoconferencia, han sido calificadas de farsa por gran parte de la comunidad internacional.
El Ejército birmano justificó el levantamiento militar por un supuesto fraude electoral en las elecciones del pasado noviembre en las que el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND), consiguió renovar su mandato con una victoria aplastante.
Las protestas continuaron este jueves en varias ciudades del país a pesar de la dura represión contra los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad, que ya han matado a más de 200 personas, mientras el país se sumerge en un mayor aislamiento y apagón informativo.
APAGÓN INFORMATIVO
Birmania lleva más de un mes de cortes nocturnos de internet y toda esta semana también ha bloqueado la conexión de datos móviles desde los teléfonos lo que dificulta que los ciudadanos compartan imágenes de las protestas y la violencia policial.
Los uniformados aprovechan la noche para arrestar y tomar represalias contra la población civil y al menos tres personas han muerto bajo custodia de las fuerzas de seguridad tras ser supuestamente torturadas.
La última de estas víctimas ha sido Tun Htet Aung, un funcionario forestal que murió hoy tres días después de ser detenido por participar en el movimiento de desobediencia civil en Monywa, según informó el portal Myanmar Now.
Los activistas prodemocráticos aseguran que fue torturado, al igual que ocurrió presuntamente con dos miembros de la LND que fallecieron mientras estaban bajo detención los pasados 7 y 9 de marzo, de acuerdo con los datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).
PAÍS SIN BANCOS NI PERIÓDICOS
Además, el acoso a los medios de comunicación ha hecho que todos los periódicos independientes del país hayan cerrado mientras muchos periodistas viven escondidos o han huido del país.
El diario The Standard Time se unió a otros periódicos independientes como The Myanmar Times, The Voice, 7Day News o Eleven y suspendió sus operaciones el miércoles.
Al menos 37 periodistas han sido detenidos desde el golpe de Estado, de los que 19 siguen en prisión, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Los ciudadanos birmanos se enfrentan también estos días a problemas como el encarecimiento de los alimentos y la falta de dinero en efectivo, ya que la mayoría de los bancos permanecen cerrados por la huelga del movimiento de desobediencia civil puesto en marcha para protestar contra la junta militar.