“El delito de la falta de uso del velo es uno de los crímenes más evidentes y las fuerzas de seguridad están obligadas a implementar las leyes”, indicó en un memorando la Fiscalía General del país, según ha informado este martes la agencia semioficial Mehr.
La Fiscalía recordó que las penas por el no uso del velo oscilan entre los 10 días y los dos meses de cárcel, pero añadió que también se puede castigar con otras medidas como “el exilio, la prohibición de trabajar o abandonar el país o la obligación de realizar servicios públicos”, entre otros.
También resaltó que “animar” a las mujeres a no usar el velo es un delito “peor” que la falta de uso de la prenda ya que “es un prominente ejemplo de incitación a la corrupción” y se debe castigar con entre uno y 10 años de prisión.
La llamada a aplicar la obligatoriedad del velo islámico se produce tras casi cuatro meses de protestas desatadas por la muerte en septiembre de Amini tras ser detenida por la llamada policía de la moral por no llevar bien el hijab.
Una consecuencia de las protestas es que cada vez más iraníes se aventuran por las calles del país persa sin el velo, en un gesto de desafío y desobediencia civil, impensable hace meses.
Por las calles de Teherán se ven mujeres que no solo no se tapan la cabeza, sino que ni siquiera llevan un velo a la vista, sobre los hombros o colgando.
En diciembre las autoridades iraníes anunciaron de forma confusa el fin de la Policía de la moral, que se encargaba de aplicar las leyes de moralidad del país islámico, pero al mismo tiempo resaltaron que solo cambiarían los métodos para imponer dichas normas.
El hiyab es uno de los símbolos de la República Islámica fundada en 1979 por el ayatolá Ruholá Jomeiní, quien definió la prenda como la "bandera de la revolución" y sin la cual las mujeres estaban “desnudas".
Las protestas comenzaron por la muerte de Amini, pero los manifestantes piden ahora el fin de la República Islámica fundada Jomeiní.
Casi 500 personas han muerto en las protestas y cerca de 20,000 han sido detenidas, según la ONG Irán Human Rights, con sede en Oslo.
Además, al menos 16 personas han sido condenadas a muerte y cuatro ejecutadas por su participación en la revuelta, ahorcamientos que han sido duramente condenados por la comunidad internacional.