La iniciativa, impulsada por la vicepresidenta de la CE y responsable de Justicia, Viviane Reding, "pretende demostrar a los críticos que hay mujeres disponibles para acceder a esos puestos", dijo en rueda de prensa.
La comisaria explicó que la iniciativa se enmarca en la propuesta que presentó a mediados de noviembre sobre una normativa que fija como "objetivo" que las grandes empresas de los Veintisiete cuenten con un 40 % de mujeres en sus consejos de administración en 2020.
La base de datos, bautizada como "Global Board Ready Women" (Mujeres Preparadas Para Dirigir a nivel Global), que se puede consultar en línea, permitirá a las sociedades seleccionar a las candidatas que consideren mejor preparadas para cubrir vacantes en sus consejos de administración.
Hay mujeres de todas las nacionalidades, y la idea es que las firmas puedan optar no solo por personas de sus propios países sino de otros lugares.
La base de datos será administrada por el club de directores no ejecutivos del Financial Times, a través de la plataforma de negocios LinkedIn.
Todas las mujeres que aparecen en ese instrumento cumplen una serie de criterios que las hacen preparadas para incorporarse con carácter inmediato a los puestos de un consejo de administración.
Algunas de las participantes han sido recomendadas por las escuelas de negocios u organizaciones que forman parte de la iniciativa.
Sin embargo esa no es la única manera de acceder a la lista, ya que la mujeres que se consideren capacitadas pueden presentar su candidatura para ingresar en la base de datos, petición que será analizada formalmente.
En particular, las mujeres que aparecen en la lista tienen al menos una experiencia de 5 años o más en puestos directivos de grandes empresas, como empresarias, o como asociadas de firmas profesionales que han trabajado para consejos de administración.
La propuesta normativa presentada por Reding en noviembre pretende equilibrar la cuota de mujeres que ocupan puestos directivos en la UE, que a nivel comunitario se sitúa en el 13.7 por ciento (11.5 por ciento en España).
Su aprobación definitiva puede resultar complicada, ya que algunos países, como Reino Unido, Holanda, Bulgaria, Letonia, Estonia, Lituania, República Checa, Hungría y Malta ya han expresado una oposición explícita.