La Fiscalía anunció este viernes la citación en calidad de imputado del director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, por presuntamente violar derechos humanos durante allanamientos y redadas policiales.
La citación se hace en base a investigaciones del Ministerio Público en relación con casos de "allanamientos arbitrarios", "privaciones ilegítimas de libertad" y "causas de personas que permanecen detenidas" pese a que ya se han emitido órdenes de excarcelación desde los respectivos tribunales.
Esta decisión se suma a la del excomandante de la Guardia Nacional (GNB, policía militarizada), Antonio Benavides, quien también ha sido citado por la Fiscalía por presunta violación de derechos humanos.
El vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, acusó a Ortega Díaz, de "formar parte", junto al Ministerio Público, "de un golpe de Estado" que tiene como objetivo eliminar del gobierno a Nicolás Maduro.
"Son parte del golpe de Estado", afirmó El Aissami, en una breve entrevista concedida a la cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV). "El Ministerio Fiscal y la señora Ortega Díaz dirigen o forman parte de un golpe de Estado y así lo denunciamos ante el mundo entero", afirmó.
El vicepresidente también responsabilizó a la fiscal general de la espiral de violencia que se generó en el país, propiciada por sectores de la ultraderecha que buscan derrocar al gobierno bolivariano.
"La señora Ortega Díaz pretende destruir la moral y la unión cívico-militar que se ha venido forjando a lo largo de estos años para garantizar la paz y estabilidad política y el desarrollo del país", señaló el alto funcionario, acusándola de proteger a los que "han incitado a la violencia".
El Aissami también rechazó las acusaciones hechas por la fiscal general contra el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), general Gustavo González López, y el jefe del Distrito Capital, José Benavides Torres, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Subrayó que la fiscal Ortega pretende agredir a dos dignos oficiales que actúan en apego a la Constitución, y precisó que “no será Ortega Díaz, ni el Ministerio Público quienes mancillen la moral de estos dos hermanos venezolanos”.
Aseguró que González López y Benavides "han garantizado la paz de la república, han evitado males mayores, muertes y han sido una suerte de muro de contención del fascismo".
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro anunció que decidió ascender a González López a general en jefe del ejército bolivariano pues "ha capturado a los terroristas, a los asesinos", y ha señalado que el Ministerio Público "es cómplice de la violencia criminal".
El Sebin y la GNB son dos de los organismos que han realizado allanamientos en residencias particulares sin la presencia del Ministerio Público y en el marco de las protestas antigubernamentales que se desarrollan desde hace tres meses en todo el país.
Las protestas que se iniciaron en Venezuela el pasado 1 de abril han dejado hasta ahora 81 muertos y más de tres mil detenidos, incluyendo a una veintena de estudiantes universitarios que fueron arrestados el jueves, lo que no ha impedido la convocatoria de nuevas manifestaciones.
Este viernes se conoció la muerte de Eduardo José Márquez Albarrán, de 20 años, un estudiante de Turismo de la Universidad Politécnica de Mérida que había sido herido durante una protesta en la que participó el pasado día 13 de junio.
La ONG Foro Penal Venezolano denunció que en el marco de esta ola de protestas que ya tiene tres meses se han realizado más de tres mil 500 arrestos y que mil 188 personas siguen detenidas.
Esta organización resaltó que 415 civiles han sido "presentados ante tribunales militares" y 245 están "privados de libertad".
Para este sábado la alianza opositora ha convocado una nueva protesta en todo el país contra de la elección de la Constituyente, que ha sido calificada de "fraudulenta" tanto por el antichavismo como por los chavistas que no apoyan a Maduro.
Las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro comenzaron el 4 de abril pasado, cuando la Asamblea Nacional (Congreso) acusó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de dar un golpe al despojarla de sus funciones legales con dos sentencias.
Las manifestaciones tomaron nuevo impulso con la convocatoria por parte de Maduro de una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna, que la oposición califica de fraudulenta y advirtió que intentará impedir la elección de sus 545 miembros, en unas votaciones fijadas para el 30 de julio.
La jefa del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, pidió a la Fuerza Armada declarar los centros de votación como “zona de seguridad”, a fin de evitar manifestaciones en sus alrededores.