Según el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, el gobierno está trabajando en ese tema y los detalles serán revelados oportunamente en el marco de las negociaciones que se cumplen en Cuba desde 2012.
"El compromiso que tiene el gobierno en La Habana es que todo lo acordado tendrá financiación. Sobre esa base es que la delegación del gobierno está llegando a acuerdos", dijo Jaramillo, miembro del equipo negociador enviado por el presidente Juan Manuel Santos.
Jaramillo hizo el comentario al intervenir en la sesión de una comisión del Congreso convocada para debatir sobre la financiación del proceso posterior a la eventual firma de un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Miembros de la Comisión de Paz del Senado le dijeron a Jaramillo que están dispuestos a colaborar en este tema pero que el gobierno debe entregar proyectos claros sobre la financiación del posconflicto.
"La paz no puede quedarse en la firma de un papel, por eso es necesario que haya una financiación plena para la construcción del posconflicto", dijo el senador Roy Barreras, de la coalición de gobierno Unidad Nacional.
"Esta comisión tiene la tarea de iniciar la revisión del Plan Nacional de Desarrollo y de la Ley General de Presupuesto, con el claro propósito de garantizar los recursos suficientes que se necesitan para enfrentar el posconflicto. Estamos hablando de recursos de cerca de 20 billones de pesos (unos 10,300 millones de dólares), es decir, cuatro veces la cifra que el gobierno está manejando", dijo Barreras.
El gobierno y las FARC negocian en La Habana desde noviembre de 2012 y ya han llegado a acuerdos en los temas de desarrollo agrario integral, participación en política de los guerrilleros que se desmovilicen y el combate al narcotráfico.
Los negociadores discuten ahora el tema de las víctimas del conflicto armado interno, instancia en la cual deben escuchar los testimonios de personas que han sufrido directa e indirectamente acciones de la guerrilla, los grupos paramilitares de ultraderecha y los organismos de seguridad del Estado. (DPA)
