"No es la sentencia definitiva. Los médicos piden la nulidad del decreto porque ven vulnerado su derecho a ejercer la objeción de conciencia" explicó hoy Agustín Amonte, uno de los abogados de los médicos.
La suspensión de 10 de los 39 artículos del decreto "no impedirá la derivación de la paciente, de manera que la interrupción del embarazo como procedimiento integral, en todas sus etapas, se lleve a cabo por parte de otro profesional no objetor", indica el pronunciamiento del TCA, que es un órgano encargado del control de la legalidad a nivel de toda la administración pública de Uruguay.
La ley de interrupción voluntaria del embarazo, de 15 artículos, fue aprobada en octubre del 2012 por el Congreso uruguayo y reglamentada en noviembre del mismo año, mediante un decreto de 39 artículos.
En diciembre pasado un grupo de médicos ginecólogos presentó un recurso administrativo ante el Poder Ejecutivo pero al vencer el plazo para contestar decidieron recurrir al Tribunal de los Contencioso Administrativo.
El aborto dejó de ser una práctica penada por la ley en Uruguay aunque se imponen ciertos requisitos a las mujeres y se basa en la confidencialidad, el consentimiento informado y el respeto a la autonomía de la voluntad de la mujer.
Las garantías están expuestas además en un manual de procedimientos y una guía técnica en la que se informa de pasos y plazos que deben dar instituciones y profesionales que deseen expresar su objeción. (DPA)