Algunos sectores, y en particular la educación, serán la excepción a esa limitada movilización ya que, según las cifras que han filtrado a los medios, un 20 % de los maestros y profesores participarán en los paros.
En el transporte público, teniendo en cuenta la declaración anticipada de huelga a la que están obligados sus trabajadores, la compañía ferroviaria SNCF no ha previsto apenas anulaciones de los trenes de alta velocidad ni en los internacionales.
En las conexiones con España, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) ha anticipado "ligeras perturbaciones".
Más impacto tendrá el paro en otras líneas convencionales de largo recorrido.
En el transporte metropolitano de París, habrá incidencias en la red de autobuses (deben funcionar dos tercios del total) y en los tranvías (circularán 9 de cada 10), así como en algunas de las líneas de trenes de cercanías, pero casi ninguna en el metro (solo algunas parciales en 2 de las 14 líneas).
Hay más de 200 manifestaciones previstas por todo el país en las que, de acuerdo con las previsiones avanzadas por el Ministerio del Interior, podrían participar entre 70,000 y 75,000 personas.
La principal de todas está programada en París a partir de las 14.00 locales (12.00 GMT) entre las plazas Denfert-Rochereau y la de la Bastilla.
La convocatoria la han lanzado la Confederación General del Trabajo (CGT), la Federación Sindical Unitaria (FSU), Solidarios, así como varias asociaciones juveniles y de estudiantes.
No se han sumado a la protesta liderada por la CGT las otras dos grandes centrales del país, la Confederación Francesa Democrática de Trabajadores (CFDT) y Fuerza Obrera (FO).
La CGT reclama una decena de "medidas urgentes para los salarios y el poder adquisitivo".
En ese decálogo está el incremento de los salarios, pero también de las pensiones, de las becas y de los subsidios sociales frente a una inflación que está en niveles históricamente altos (5.9 % en agosto).
A eso se suma la cuestión de las pensiones, que el Gobierno del presidente, Emmanuel Macron, quiere reformar en los próximos meses para subir la edad mínima de jubilación de los 62 años actuales a 64 ó 65.
La CGT quiere, por el contrario, bajarla a 60 años y conseguir el dinero que hará falta para su financiación en los próximos años con una limitación en las exenciones de cotizaciones de las que se benefician las empresas o con un incremento de la fiscalidad sobre los movimientos financieros.
