"Había un plan para lidiar con Zuma", se defendió el exmandatario este lunes en Johannesburgo, en su primera aparición ante la comisión que investiga la trama conocida como "Captura del Estado".
Presidida por el juez Raymond Zondo, la comisión lleva trabajando desde hace casi un año para aclarar si, durante los años en los que Zuma gobernó, el aparato público funcionó básicamente como un engranaje para beneficiar los intereses particulares del poder y los de empresarios afines, como la familia Gupta.
La declaración de este político que una vez fue considerado héroe del pueblo se esperaba con gran interés en Sudáfrica, ya que las acusaciones que se investigan salieron a la luz en 2016 -cuando él aún era presidente- en un informe elaborado por la entonces defensora del pueblo, Thuli Madonsela, titulado "Captura del Estado".
En su primera comparecencia, Zuma -quien finalmente en febrero de 2018 fue forzado a dimitir como presidente por su propio partido debido a sus numerosos escándalos-, se retrató como una víctima y aseguró que "organizaciones de inteligencia" extranjeras y locales relacionadas con el sistema de segregación del "apartheid" vienen conspirando para hacerle caer desde la década de los noventa.
Incluso acusó a uno de sus propios exministros -Ngoako Ramatlhodi- de haber operado como "espía".
"Yo he estado atando cabos (del plan contra él) todo este tiempo (...). El asunto de esta comisión no es diferente", afirmó Zuma, si bien el ataque no iba dirigido al juez Zondo y a su equipo en sí, sino al origen de las acusaciones.
El exmandatario, de 77 años, no negó sus estrechas relaciones con la familia Gupta (de origen indio), quienes supuestamente fueron los principales beneficiados de la "Captura del Estado" de acuerdo a las investigaciones.
No obstante, rechazó haber incurrido en ningún delito con ellos y alegó que otras figuras de peso dentro del oficialista Congreso Nacional Africano (CNA) -como el expresidente Thabo Mbeki, o el propio Nelson Mandela- también tuvieron tratos con los Gupta.
"Yo no sé nada de negocios, soy un político, sé un poco sobre política", argumentó el exmandatario.
Las comparecencias de Zuma ante la comisión se extenderán durante toda esta semana y se espera, al igual que ya ocurrió hoy, que cientos de simpatizantes pasen por allí cada jornada para demostrarle su apoyo.
El expresidente sudafricano deberá responder no solo por las acusaciones originales sino también por las pruebas y testimonios que la comisión ha venido recabando durante los últimos meses.
Estos incluyen, por ejemplo, a un exviceministro que afirmó haber recibido amenazas de muerte por no colaborar con los Gupta o empresarios que aseguraron haber entregado sobornos mensuales al expresidente.
La comisión no tiene potestad para procesar judicialmente, pero sí puede hacer recomendaciones a otros entes y sus averiguaciones pueden ser usadas como pruebas ante los tribunales en el futuro.
Paralelamente a esta investigación, Zuma está procesado en un caso que estudia cargos de corrupción, lavado de dinero y fraude relativos a un acuerdo de armas millonario firmado a finales de la década de 1990.
Además, ya en 2016, tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional, medio millón de euros de dinero público que se gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada.