La ley propuesta para reforzar la prohibición de la tortura en Estados Unidos podría ayudar a prevenir que el país vuelva a cometer actos de tortura, dijo hoy Human Rights Watch. Sin embargo, hasta que no inicie una investigación penal sobre los delitos de tortura del pasado y se procese a los responsables de planificarlos y autorizarlos, existe el peligro de que los funcionarios estadounidenses ignoren la ley, tal como han hecho en el pasado.
El proyecto de ley, presentado por los senadores estadounidenses John McCain y Dianne Feinstein, coincide con la publicación del sumario de un demoledor informe de la Comisión de Inteligencia del Senado sobre el programa de detenciones e interrogatorios abusivos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. La ley propuesta requeriría que todos los organismos del gobierno de Estados Unidos cumplan las normas contempladas en el Manual de Campo del Ejército sobre las Técnicas de Interrogatorio, y que revisen y actualicen el manual con regularidad para asegurarse de que refleja las mejores prácticas actuales y cumple todas las obligaciones legales de Estados Unidos La ley también le concedería al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) “una notificación y acceso inmediato a todos los prisioneros detenidos por Estados Unidos en cualquier conflicto armado.
“Exigir que la CIA y otras agencias de Estados Unidos observen un conjunto uniforme de normas para los interrogatorios ayudará a prevenir la tortura”, dijo Laura Pitter, especialista sénior en seguridad nacional de Human Rights Watch. “Pero estas soluciones legales no tendrán ningún peso en el futuro si los responsables que cometieron delitos de tortura en el pasado no son llevados ante la justicia”.
La tortura es ilegal bajo las leyes estadounidenses e internacionales desde hace mucho tiempo. Estados Unidos ha ratificado la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como otros tratados que prohíben el uso de la tortura y otros abusos. La Convención contra la Tortura requiere que los países tipifiquen el uso de la tortura en el ámbito de su propia jurisdicción. Estados Unidos promulgó esta ley en 1994, cuando el Congreso aprobó la ley federal contra la tortura. El tratado también exige que los países lleven a cabo investigaciones penales creíbles y procesen a los responsables de tortura, y se aseguren de que las víctimas tengan acceso a una compensación adecuada, incluida la rehabilitación.
En 2005, tras las revelaciones de tortura por parte de las fuerzas estadounidenses en la prisión de Abu Ghraib en Irak, el Congreso aprobó la Ley sobre el Trato Debido a los Detenidos, que prohibía expresamente el trato o castigo cruel, inhumano o degradante contra cualquier detenido bajo custodia estadounidense, y requería que el personal del Departamento de Defensa cumpliera con el Manual de Técnicas de Interrogatorio para todos los interrogatorios. La ley McCain-Feinstein reforzaría la prohibición de los malos tratos y la tortura y extendería la aplicación del manual como la única fuente de técnicas de interrogatorio para todas las agencias gubernamentales de Estados Unidos, incluida la CIA.
También serían medidas importantes permitir el acceso del CICR y asegurar que el Manual de Interrogatorio se revisa periódicamente, señaló Human Rights Watch. Durante el período posterior al 11 de septiembre, la CIA secuestró a personas de distintos lugares del mundo, los mantuvo en régimen de incomunicación y no permitió que el CICR tuviera acceso a ellos. Además, aunque el Manual de Técnicas de Interrogatorio prohíbe muchas formas de tratamiento abusivo, su Apéndice M sigue permitiendo algunas formas abusivas de privación sensorial y del sueño. Por ejemplo, permite limitar a los detenidos a sólo cuatro horas de sueño cada 24 horas, permitiendo 40 horas de privación del sueño cada vez, potencialmente durante un período prolongado. Funcionarios estadounidenses han asegurado que el Apéndice M no se aplicaría de una manera que permitiese tales abusos, pero el texto redactado tal como está seguiría permitiendo este tipo de prácticas. Durante el próximo proceso de revisión del Departamento de Defensa, Estados Unidos debería eliminar las disposiciones del Apéndice M que permiten el abuso a través del aislamiento y la privación sensorial o del sueño, ya que estas prácticas pueden equivaler a tortura o malos tratos, recomendó Human Rights Watch.
“El Congreso debería apoyar el proyecto de ley de McCain-Feinstein pero gran parte del peso para la prevención de la tortura ahora recae en el Poder Ejecutivo”, dijo Pitter. “La falta de acción por parte del gobierno de Obama para abrir investigaciones y procesos penales amenaza con enviar el mensaje de que, a pesar de que la tortura es un delito, los responsables pueden evadir la justicia”.