El presidente de la Cámara Baja brasileña, Rodrigo Maia, es sospechoso de corrupción pasiva y lavado de dinero por “favores políticos” a la empresa constructora OAS en votaciones durante su época de diputado en 2013 y 2014.
A cambio de introducir cambios en la legislación que beneficiarían a la empresa, Maia habría recibido un millón de reales (en torno a 330 mil dólares), un pago que se habría realizado por medio del padre del presidente de la Cámara, César Maia, excandidato a senador.
La figura del presidente de la Cámara Baja brasileña se encuentra, de nuevo, en el ojo del huracán, después de que el antecesor de Maia, Eduardo Cunha, fuera depuesto y encarcelado en 2016 por las acusaciones de corrupción en el marco de la Operación Lava Jato.
Se trata de un tema de gran relevancia, pues Maia es segundo en la línea sucesoria presidencial y es una figura fundamental para la aprobación de reformas que quiere impulsar el presidente brasileño, Michel Temer.
Las turbulencias también se extienden al Ejecutivo brasileño, pues la Justicia suspendió hoy el nombramiento como ministro de un cercano asesor de Temer al entender que el propio presidente lo nombró sólo para darle foro privilegiado, ante las acusaciones de corrupción que le afectan.
Temer nombró la semana pasada a Moreira Franco como ministro de la secretaría general de presidencia, aunque ocupaba un puesto en el Ejecutivo –sin foro privilegiado en la Justicia- desde que el gobierno asumió en mayo de 2016.
Sin embargo, en un caso similar al que se vivió en 2016 cuando la presidenta Dilma Rousseff nombró ministro a su antecesor, Luiz Inacio Lula da Silva, la Justicia de Río de Janeiro suspendió hoy el nombramiento de Franco, al entender que fue un intento de “blindarlo” ante las revelaciones de corrupción.
Moreira Franco es sospechoso y fue citado decenas de veces por confesores de la empresa Odebrecht –que ha cerrado un gran acuerdo con la Justicia para revelar todo cuanto saber de la Operación Lava Jato- de ser uno de los intermediarios del presidente Temer para negociar el pago de dinero ilícito por parte de la constructora.
El Gobierno brasileño pretende recurrir la decisión para que sea la máxima instancia judicial -Supremo Tribunal Federal (STF)-, la que decida.
Ello mientras la Operación Lava Jato se ramifica y, por medio de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, amenaza con provocar terremotos políticos similares a los de Brasil en una docena de países latinoamericanos como Perú, Colombia o Ecuador.
Las constructoras –sobre todo Odebrecht- habrían pagado sobornos a partidos políticos y mandatarios de esos países a cambio de lograr licitaciones de obra pública por valor de miles de millones de dólares.
Entre los sospechosos están el expresidente peruano, Alejandro Toledo, quien habría recibido 20 millones de dólares en coimas, mientras la campaña política del colombiano Juan Manuel Santos también está bajo sospecha de haber recibido dinero ilícito de la constructora.