La jueza María Servini de Cubrías lo decidió así este martes, al dar a conocer un fallo que acumula las ya de por sí abultadas causas judiciales que enfrentan decenas de exfuncionarios kirchneristas.
En este caso, Fernández y Capitanich están acusados del desvío de los millonarios fondos operados desde el programa “Futbol para todos" que la expresidenta anunció en 2009 para estatizar la transmisión de los partidos del deporte más popular del país sudamericano.
Hasta entonces, los derechos por la emisión los tenía la empresa TyC Sports, propiedad del Grupo Clarín, que ya se había convertido en opositor al kirchnerismo.
Uno de los objetivos de “Futbol para todos” era ayudar a que los clubes sanearan sus finanzas, pero nunca resolvieron sus problemas financieros y gran parte de los recursos estatales fue desviada.
Servini de Cubría explicó que “lo que en su origen fue programado como una exitosa operación que habría de conjugar el éxito de una decisión política y social con ciertas expectativas superavitarias, terminó perfilándose como una suerte de políticas de subsidios estatales”.
Aseguró que “ha quedado demostrado en esta causa que buena porción de los fondos entregados por la Jefatura de Gabinete a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) fueron desviados a través de diferentes maniobras una vez que ingresaron a la misma".
La juez advirtió que “se encuentra documentado en la causa que el fortalecimiento económico de los clubes determinado como propósito esencial del programa no sólo no se verificó, sino que sus respectivos pasivos se incrementaron sustancialmente”.
Además, dijo, “Futbol para todos” nunca cumplió su objetivo de que la transmisión televisiva fuera gratuita en todo el país porque muchos encuentros fueron difundidos por señales de cable y más tarde los derechos de transimisión de las divisiones inferiores fueron reprivatizados.
Junto con los dos exjefes de gabinete, se sentarán en el banquillo de los acusados el excoordinador del programa, Gabriel Mariotto; el extitular de la AFA, Luis Segura; y exdirigentes de los clubes San Lorenzo, Lanús, Defensa y Justicia, entre otros.
"La mayoría de los aquí imputados cumplen o cumplieron a su vez cargos en los diferentes clubes del futbol argentino, por lo que conocían el daño al patrimonio del Estado destinado a esos clubes que les generaba en consecuencia a las arcas de los mismos esta operatoria", afirmó Servini de Cubría.