La llamada doctrina Chevron, en el punto de mira de los jueces conservadores del Supremo, obliga a los tribunales a ceder ante las agencias federales a la hora de interpretar leyes que no sean claras.
Este precedente fue establecido en 1984 en un caso que enfrentó a la empresa Chevron contra el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, y ha sido criticado por jueces que consideran que da demasiados poderes a Washington.
La doctrina será revisada después de que el alto tribunal haya admitido revisar un recurso de un grupo de pescadores de arenque que defienden que el Servicio Nacional de Pesca no tiene autoridad para exigirles que paguen los salarios de los inspectores federales que viajen a bordo de sus buques.
Desde 1976, estos observadores pueden unirse a las tripulaciones para asegurarse de que cumplen la normativa, pero desde 2020, el Gobierno exige a los pescadores pagar los salarios de estos inspectores.
Cuatro empresas familiares demandaron al Departamento de Comercio hace tres años por ese requisito y el Supremo decidirá sobre su recurso, algo que podría tener consecuencias que van mucho más allá de la industria pesquera, afectando al poder de otras agencias federales.
El caso se verá en el próximo periodo de audiencias, que comenzará en octubre, y es probable que se emita una sentencia en 2024.
El abogado de los denunciantes, Paul Clement, argumentó que la agencia se ha extralimitado en sus competencias y que necesitaba una autorización del Congreso para exigir los sueldos de los inspectores.
La fiscal Elizabeth Prelogar aseguró que la agencia ha actuado dentro de sus competencias.