El escándalo que juzga el Tribunal Supremo se refiere a graves hechos de corrupción denunciados en 2005, durante el primer mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, por los que los jueces han hallado culpables a 25 de los 37 acusados.
El proceso comenzó el pasado 2 de agosto y ha probado que, entre 2002 y 2005, operó una vasta red de corrupción tejida por el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), que utilizó dinero público para financiar campañas, sobornar a dirigentes de cuatro partidos y "comprar" así la mayoría parlamentaria que Lula no había ganado en las urnas.
De los 25 culpables que surgieron de la fase procesal, la corte ya ha condenado al publicista Marcos Valerio Fernandes a 40 años, un mes y seis días de prisión por los delitos de asociación ilícita, corrupción activa, malversación, lavado de dinero y evasión de divisas.
Fernandes, según estableció la corte, puso dos de sus empresas al servicio de la red de corrupción y participó activamente tanto en la recaudación del dinero que la alimentó como en la distribución de los recursos entre los políticos que fueron sobornados.
La corte también ha dictado una pena parcial de 14 años y tres meses de cárcel para el empresario Ramón Hollerbach, uno de los socios de Fernandes, quien aún debe ser sentenciado por otros delitos, con lo que esa condena deberá aumentar sustancialmente.
El proceso fue interrumpido el pasado 25 de octubre debido a que el juez instructor, Joaquin Barbosa, debía viajar a Alemania para someterse a un tratamiento médico.
Durante ese paréntesis, la defensa de Fernandes presentó a la corte una oferta de "colaboración" con la justicia, a la que supuestamente podría aportar nuevos datos sobre el caso con el fin de intentar una reducción de la dura pena ya dictada en su contra.
Según la prensa local, el publicista tendría informaciones que pudieran involucrar directamente a Lula, quien no figura entre los acusados, pero nada de eso ha sido confirmado.
El presidente del Supremo, Carlos Ayres Britto, admitió que la corte recibió esa oferta de "colaboración", aunque la consideró "tardía", pues "el caso ya ha sido juzgado", con lo cual una nueva declaración de Fernandes no modificaría el fallo dictado.
Ayres Britto reconoció, no obstante, que el pedido tendrá que ser estudiado por el tribunal, que deberá decidir si lo acepta o no.
El aplazamiento del proceso dejó pendientes las condenas de los miembros del llamado "núcleo político", que integran el exministro de la Presidencia José Dirceu, el expresidente del PT José Genoino y el antiguo tesorero de esa formación Delubio Soares.
Según sostuvo la acusación y consideró probado la corte, Dirceu dirigió todos los hilos de una red de corrupción por la que llegaron a pasar unos 153 millones de reales (hoy 76.5 millones de dólares).
También están pendientes de sentencia diez dirigentes de cuatro partidos políticos declarados culpables de corrupción pasiva por haber recibido sobornos del PT y "vendido" su apoyo al Gobierno de Lula en el Congreso.