Este paquete de medidas, aprobado en Consejo de Ministros el 20 de enero y ratificado por el Senado a principios de marzo, obtuvo en la Cámara Baja italiana 365 votos a favor, 61 en contra y seis abstenciones, con lo que tras ser ratificado por el jefe del Estado pasará a convertirse en ley.
El contenido base del texto llegaba blindado a la votación de hoy en el pleno de la Cámara de los Diputados, después de que ayer fuera sometido a una cuestión de confianza.
El recurso a las cuestiones de confianza es una estrategia utilizada por los ejecutivos italianos para acelerar las aprobaciones de las leyes, ya que permite evitar el debate de enmiendas parlamentarias, aunque en caso de que no sean refrendadas implica una pérdida de apoyo del hemiciclo, lo que puede abrir una crisis de gobierno.
Dentro de este texto final, acordado por la mayoría de los grupos políticos figuran medidas a favor de los consumidores, como la eliminación de algunas cláusulas para la concesión de créditos, entre ellas, las comisiones bancarias.
Respecto a su primera redacción, aprobada como decreto ley en Consejo de Ministros en enero, el texto ha registrado sustanciales cambios a su paso por las comisiones parlamentarias, entre ellos, en las normativas que afectaban a las profesiones que más han protestado, como los farmacéuticos o los taxistas.
Estos últimos han conseguido que la concesión de sus licencias siga siendo cosa de los ayuntamientos y no de la Autoridad para los Transportes.
En este decreto, el primero aprobado por Monti para relanzar la economía tras su plan de ajuste de más de 30,000 millones de euros del pasado diciembre, se introdujo además una enmienda sobre los seguros, que prevé indemnizaciones más rápidas en caso de robo.
El gobierno italiano pretende que con este plan se ponga fin a dos de los tres lastres que han frenado el crecimiento económico de Italia en las últimas décadas: La "insuficiente competencia de mercado y lo inadecuado de las infraestructuras", según palabras del propio Monti el día de su presentación.
El nuevo paquete de medidas amplia, además, el número de farmacias -una por cada 3,300 habitantes- y crea además la figura del Tribunal para las Empresas y la Sociedad Simplificada para la Responsabilidad Limitada (SSRL), que podrán constituir los jóvenes de menos de 35 años sin intervención del notario y a partir de un solo euro de capital.