"Nosotros todavía pedimos al presidente (Mohamed Mursi) que aplace el referéndum para revisar el borrador y conseguir una Constitución con un consenso nacional, pero si no responde llamamos a todos los egipcios a votar por el 'no' el día de la votación", dijo a Efe uno de los miembros del Frente, Munir Fajri Abdelnur.
El secretario general del partido nacionalista Al Wafd y exministro de Turismo explicó que ponen como condiciones para no boicotear el plebiscito "que sea supervisado completamente por los jueces y sea observado por organizaciones de derechos humanos para garantizar su transparencia".
Asimismo, solicitan que el referéndum se celebre en su solo día y que haya seguridad.
Precisamente en las últimas horas, la Comisión Electoral ha decidido que la votación se lleve a cabo en dos jornadas -el 15 y el 22 de diciembre- por la escasez de jueces que están dispuestos a supervisarla.
Ayer, el Club de Jueces, la principal asociación de la magistratura en Egipto, anunció que sus miembros no participarán en la supervisión del plebiscito, ya que considera que el borrador de la nueva Carta Magna "contiene ataques a la justicia" y "debería haber sido fruto del consenso".
En declaraciones al diario independiente Al Masry al Youm, un miembro de la Comisión Electoral, Mahmud Abu Shusha, subrayaba que por el momento unos 9,000 jueces se han mostrado dispuestos para supervisar el plebiscito.
Hoy, los egipcios en el extranjero comenzaron a votar en el referéndum pese al boicot de más de 300 diplomáticos.
La oposición laica, que se retiró de la Asamblea Constituyente que redactó la Carta Magna, llevaba criticando desde hace meses que la elaboración del texto ha estado monopolizada por los islamistas.
Para esta tarde está prevista la celebración de un diálogo nacional, convocado por el presidente Mursi, que el sábado pasado ya fue boicoteado por el Frente de Salvación Nacional.
Por su parte, las Fuerzas Armadas egipcias han pospuesto la reunión de la "familia egipcia" que habían organizado para hoy en la que estaban llamados a participar representantes políticos, culturales y sociales del país para analizar la crisis actual.