La Sala Constitucional costarricense no le encontró roces con la Carta Magna en un fallo del pasado viernes por lo que remitió el texto al Congreso, donde hoy fue ratificado con 40 votos, de los 57 diputados con los que cuenta el Legislativo costarricense.
El convenio fue firmado en agosto de 2011 en México por la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, y el entonces mandatario mexicano, Felipe Calderón, quienes lo consideraron un arma para combatir el crimen organizado, en especial el narcotráfico.
En los últimos años, las autoridades costarricenses han detectado la presencia en el país de ramificaciones de carteles del narcotráfico mexicano a las que les han decomisado numerosos cargamentos de cocaína y dinero y han capturado a algunos de sus miembros.
El tratado establece algunas razones por las cuales los países podrán rechazar una extradición, entre ellos cuando una de las partes considere que la persona es requerida por delitos políticos, por persecución de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas .
Además, cuando la acción penal o la pena hayan prescrito, cuando la solicitud de extradición se refiera a una conducta penalmente sancionada con una pena prohibida por la Constitución de la parte requerida, entre otras disposiciones.
