A través de un comunicado firmado por uno de los portavoces de la Casa Blanca, Jake Sullivan, el Gobierno estadounidense informó que se imponen sanciones económicas y restricciones de visa contra los actores que están perpetuando la violencia y anunció también la publicación de una nueva alerta sobre los riesgos de hacer negocios con el país.
"Estas medidas están destinadas a responsabilizar a los responsables de socavar la paz, la seguridad y la estabilidad de Sudán", apunta el comunicado, que señala como responsables tanto a las Fuerzas Armadas (SAF, en inglés) como a las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán (RSF, en inglés).
En un comunicado posterior, el secretario de Estado, Antony Blinken, explicó que las medidas buscan "promover la rendición de cuentas por las acciones cometidas por las dos fuerzas" y que las sanciones afectan a funcionarios de las SAF, a miembros de las RSF y a líderes del antiguo régimen de Omar al-Bashir, "responsables o cómplices de socavar la transición democrática de Sudán".
Así, EE.UU. sanciona a la compañía Al Junaid, una compañía minera de oro afiliada a las RSF que opera una serie de minas en la región de Darfur.
Las RSF estarían utilizando los ingresos generados por estas minas para adquirir equipos. Asimismo, sanciona a Tradive General Trading, que utilizan para adquirir equipos para sus fuerzas.
El Gobierno estadounidense decidió además designar a la entidad controlada por el Gobierno sudanés Sudan Master Technology, que es accionista principal de tres empresas involucradas en la producción de armas y vehículos para las SAF.
Y a la empresa estatal Defense Industries System, que produce y adquiere equipos y armas para las SAF.
Finalmente, los Departamentos de Estado, Tesoro, Comercio, Trabajo y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional emitieron una actualización del "Aviso comercial", presentado originalmente en mayo de 2022, para resaltar los crecientes riesgos para las empresas y las personas estadounidenses exacerbados por el conflicto.
"Estas acciones son en respuesta a las violaciones de SAF y RSF de las obligaciones que asumieron en Jeddah: saqueo, ocupación y ataques a residencias civiles e infraestructura, uso de bombardeos aéreos y artillería, ataques y movimientos prohibidos, y obstrucción de asistencia humanitaria y servicios esenciales", apuntó Blinken.
Para Sullivan, el hecho de que ninguno de los dos bandos haya cumplido con el alto el fuego aumenta la preocupación de Estados Unidos "de que el pueblo de Sudán vuelva a enfrentar un conflicto prolongado y un sufrimiento generalizado a manos de las fuerzas de seguridad".
"A pesar de un acuerdo de alto el fuego, la violencia sin sentido ha continuado en todo el país, obstaculizando la entrega de asistencia humanitaria y perjudicando a quienes más la necesitan. El alcance y la escala del derramamiento de sangre en Jartum y Darfur, en particular, son aterradores", destacó la Casa Blanca.
El Ejército de Sudán anunció ayer que ha suspendido las conversaciones con el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que tenían lugar desde hace un mes en la ciudad saudí de Yeda, por "la falta de adhesión" de su rival a las treguas acordadas en el marco de estas negociaciones.
Ninguna de las hasta ahora nueve pausas alcanzadas desde el estallido de los combates, el 15 de abril, ha sido respetada por las dos partes en conflicto.
De acuerdo con la ONU, el conflicto ha dejado al menos 850 muertos y más de 5,500 heridos, mientras que también ha provocado el desplazamiento interno y externo de más de 1.3 millones de personas.
"El pueblo sudanés no pidió esta guerra. Estados Unidos seguirá apoyándolo. Continuaremos apoyando su demanda legítima de una transición a la democracia y trabajando con nuestros socios, continuaremos responsabilizando a las partes beligerantes por su violencia desmesurada y su desafío a la voluntad del pueblo", sentencia la Casa Blanca.