Tras su aprobación en el Senado en septiembre, esa normativa, bautizada como Speak Out (alzar la voz), recibió el visto bueno de la Cámara de Representantes por 315 votos a favor y 109 en contra, todos ellos de legisladores republicanos.
El Congreso había aprobado ya en febrero una ley para impedir que el sector privado fuerce a los trabajadores que hayan sido víctimas de abuso o acoso sexual a participar en procesos de arbitraje secretos al margen del sistema judicial.
Esa protección se amplía ahora al vetar los acuerdos de confidencialidad que se firman al entrar en una empresa.
Este proyecto de ley, pendiente aún de la ratificación del presidente estadounidense, Joe Biden, supone un paso más para acabar con la cultura del silencio en los lugares de trabajo.
"Antes no podías contar lo que había pasado o avisar a tus compañeros para que tuvieran cuidado. Ahora se tendrá el derecho a denunciar a los depredadores (sexuales) en los tribunales y hacer que rindan cuentas", dijo en una conferencia de prensa la congresista demócrata Kirsten Gillibrand, impulsora tanto de este proyecto de ley como del anterior.
Esta iniciativa ha sido bipartidista y, según afirmó en esa misma comparecencia el republicano Ken Buck, contribuye a asegurarse de que la gente no va al trabajo "asustada o preocupada" por lo que le pueda pasar sin posibilidad de contarlo.
Su aprobación supone una nueva victoria para el movimiento de denuncia "Me Too", que nació hace cinco años en Estados Unidos para visibilizar el acoso y abuso que sufren muchas mujeres en situaciones laborales.
Según resumió el "número dos" de los demócratas en la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, esta nueva legislación impulsará el derecho de los supervivientes a hacer oír sus voces después de una agresión.