La afluencia en las primeras horas de la jornada electoral fue escasa, pero poco a poco aumentó en las principales ciudades de Colombia, en donde el electorado joven fue el más activo, mientras que los promotores hicieron constantes llamados a la ciudadanía a través de las redes sociales para que salieran a votar.
De acuerdo con el primer reporte de la Registraduría General de la Nación, a las 14:00 horas locales (19:00 GMT), dos horas antes de finalizar la jornada, más de seis millones de colombianos emitieron su voto en las casillas electorales habilitadas en los mil 100 municipios.
El censo electoral para la Consulta Popular Anticorrupción fue de 36 millones 421 mil 26 colombianos, y para que la consulta prospere las autoridades electorales deben certificar la votación de al menos 12 millones 140 mil 342 ciudadanos, aunque analistas consideran difícil llegar a esa suma.
Los grandes ausentes en esta jornada electoral fueron los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y su partido Centro Democrático, aunque durante la reciente campaña electoral se comprometió con la consulta y el presidente Iván Duque hizo llamados durante la última semana a votar.
El expresidente Andrés Pastrana, quien lidera el Partido Conservador, también estuvo ausente, mientras que el exmandatario César Gaviria, del Partido Liberal afirmó que la consulta fue un "ejercicio en la dirección correcta", y aunque jurídicamente no habrá cambios, fue "una demostración de voluntad política".
El excandidato de centroizquierda Gustavo Petro aseguró que esta jornada fue una "oportunidad, un mensaje contra los corruptos. Es una manera de decirle a la clase corrupta política de Colombia que llegó su final".
Para el rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao, "independientemente de si se logra el número de votos requerido, el mensaje de los colombianos en contra de la corrupción es fundamental".
El Ministerio de Defensa reportó que durante la jornada no se presentaron hechos de orden público, y solo hubo un hostigamiento a una patrulla de la policía en el municipio de Jamundí, departamento del Cauca, sin afectar la seguridad de los electores en la zona.
Los colombianos debían responder siete preguntas relativas a la reducción del salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado, si los corruptos deben ser castigados con cárcel y prohibición de contratar con el sector público, así como establecer la transparencia obligatoria en contrataciones en todo el país.
También se preguntó sobre los presupuestos públicos con participación de la ciudadanía, si los congresistas deben rendir cuentas de su asistencia al Congreso, votación y gestión, así como si se deben hacerse públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguir su dominio.
Otra de las cuestiones era si se debe impedir la permanencia en el poder por más de tres periodos a quienes en Colombia se denomina "atornillados".