El acuerdo fue aprobado provisionalmente por el juez Robert Drain, del Tribunal de Quiebras de White Plains (Nueva York), aunque pidió modestos ajustes del plan, con el que se pondría fin a miles de denuncias presentadas contra Purdue por gobiernos estatales y locales, hospitales y ciudadanos privados, que culpan a la compañía de una epidemia que ha dejado más de 500,000 fallecidos.
El plan, sin embargo, incluye una polémica condición, con la que se absuelve en buena medida a los Sackler de cualquier responsabilidad aceptada por Purdue relacionada con la crisis opiácea.
Por ello, el acuerdo ha sido criticado por proteger a esta familia, una de las más adineradas de EE.UU., que está recibiendo la protección que normalmente se le concede a empresas que están saliendo de una bancarrota, pero no siempre a dueños que no se declaran en bancarrota, como es el caso de los Sackler.
Según el New York Times, poco después de la aprobación provisional de Drain, varios estados estaban preparando una apelación.
A cambio de no tener que hacer frente a cargos judiciales, los Sackler han acordado pagar 4,500 millones de dólares en los próximos 9 años, un monto que en gran parte irá a pagar tratamientos de adicción y programas de prevención por todo EE.UU.
Los medios locales detallan que la decisión del juez Drain fue comunicada oralmente después de una larga vista de 6 horas de duración, durante las que se explicaron meticulosamente los razonamientos tras las condiciones.
Drain también dejó claro su frustración ante el resultado del proceso judicial, que tildó de "amargo", y señaló que esperaba haber podido conseguir un mayor pago por parte de los Sackler, pero que la mayoría de su dinero está en cuentas extranjeras.
Los costos de un mayor retraso, arguyó, y los beneficios de un acuerdo que describió como "extraordinario" le llevaron a aprobar el plan de quiebra.
El acuerdo asienta un precedente para el pago por parte de una farmacéutica de costos del Gobierno y la compensación de familias que han sufrido la crisis de opiáceos, impulsada en parte por el medicamento altamente adictivo OxyContin, fabricado por Purdue, pero también significa que no se analizará detalladamente el rol de la empresa en la epidemia.
La mayoría de los denunciantes apoyan el plan de quiebra, porque en su opinión ayudará a pagar un problema de drogadicción que además ha empeorado con la pandemia del coronavirus, que ha llevado a un número récord de muertes por sobredosis en 2020 en EE.UU. al superar las 93,000, 20,000 más que en 2019.
