“Con la aspersión aérea de glifosato se pretendió, durante tres décadas, mantener a raya el primer eslabón de esta cadena, como son los cultivos ilícitos de hoja de coca, mariguana y amapola”, recordó en su editorial.
Reconoció que las fumigaciones aéreas fueron un arma “efectiva en la medida en que contuvo –con altas y bajas– la expansión” de esos sembradíos.
El presidente Juan Manuel Santos ordenó suspender a partir del mes de octubre el uso de dicha sustancia química, para proteger la salud de las comunidades que habitan en las zonas de los cultivos ilícitos, una decisión que se basó en un estudio científico del Ministerio de Salud.
Hace tres años Santos “utilizó la acertada metáfora de la bicicleta estática para explicar la sensación, cada vez más frecuente entre los encargados de la política antidrogas en Colombia, de que sus múltiples esfuerzos y sacrificios en la lucha contra dicho flagelo –si bien reportaban logros continuos, meritorios y valiosos– no estaban atacando la raíz del grave problema”, indicó el diario.
Según investigaciones de los expertos Daniel Mejía y Adriana Camacho, las fumigaciones tienen un costo de 72 mil dólares por hectárea, “mientras que el valor en el mercado de la hoja sembrada en esa área no supera los 400 (dólares)”, reseñó el diario.
Pero el cambio de estrategia tiene “otro efecto colateral (…) y es el costo en lo referente a la construcción de legitimidad del Estado de criminalizar al cultivador”, señaló.
“No hace falta ser un agudo observador de la realidad rural para saber que la presencia estatal en gran parte de dichas zonas de cultivo se debate entre precaria y nula”, anotó.
Agregó que “muchas veces se limita al paso de la avioneta que esparce la mencionada sustancia, la misma que, según la Organización Mundial de la Salud, es un probable causante de cáncer”.
El replanteamiento de la estrategia antidrogas “apunta, justamente, en esa dirección y en tal medida hay que considerarlo un paso en la dirección correcta”, mencionó el periódico. (DPA)